50 ECONOMIA, LA MAFIA BANCARIA DE NUEVO SE HACE CON EL
BOTÍN
La Mafia Bancaria Se Hace De Nuevo Con El Botín
La enésima
decisión del Partido Popular para ayudar a
los bancos en contra de los derechos de los consumidores y ahorrarles unos
cuantos miles de millones ha conseguido su propósito y de paso ha
colapsado la no ya demasiado diligente Justicia Española.
Todo comenzó
en diciembre del 2016, cuando, como ya es una arraigada costumbre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizó
al Tribunal Supremo español y determinó que los
bancos debían devolver íntegramente (con retroactividad) el dinero cobrado por
la aplicación de las cláusulas suelo abusivas. Y es que nuestro alto
tribunal, con su penúltimo capotazo a los bancos , había decidido en el 2013
que estas entidades no tenían que devolver cantidad alguna con retroactividad a esa fecha.
Y ante la
hecatombe que se avecinaba los bancos movieron sus hilos y consiguieron que el
PP organizara el sistema de reclamación a su medida. No se entiende que no sea
una reclamación y devolución automática de las cantidades percibidas de forma
ilegal, sino que hay que volver a la oficina mafiosa que
ya nos robó y mendigarle que nos devuelva lo que crea conveniente. Y sino hay
acuerdo, que no lo habrá, dirigirnos al juzgado, sabiendo que el banco tiene
suficiente departamento jurídico para amargarnos la existencia y conseguir que
cobremos el día del Juicio Final por la tarde. Y de paso recurrir todas las
sentencias y colapsar un sistema judicial que pagamos entre todos y del que
ellos se aprovechan. Con la inestimable ayuda de sus amigos de Génova, que para eso están.
Hace poco más
de año y medio, alarmada la mafia bancaria,
porque la práctica totalidad de las sentencias de los juzgados mercantiles,
con años de experiencia resolviendo cláusulas suelo, multidivisas y
preferentes, se resolvían en su contra, consiguió que el Partido Popular
promulgara un Real Decreto-ley, 1/2017,con fecha
20 de enero, con el que bajo el hipócrita nombre de “medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”, pretendía establecer
un nuevo cauce extrajudicial para que los ciudadanos pudieran pedir la
devolución de su dinero. El cliente expoliado debía acudir a la oficina local de su camorra a solicitar
amablemente que se le devolviera lo desvalijado. Y el banco tenía tres meses
para responder lo que le pareciera conveniente, que era siempre que no. Con lo
que el pobre pollo estafado debía acudir a la Justicia.
De los
juzgados mercantiles se pasó a los de primera instancia y poco más tarde, en el
mes de junio, el Gobierno del momento, con una idea brillante para la banca,
decidió la creación de 54 juzgados, -uno por provincia- con pocos medios y
personal, para resolver todo lo relacionado no sólo con la cláusula suelo, sino
con todo tipo de cláusulas abusivas. En aquel momento ya se hablaba de más de
tres millones de afectados y aconteció lo previsto por banca y Gobierno, que
sólo en 2017 las entidades financieras recibieron más de un millón de
reclamaciones, de las que 260.000 ya están en los juzgados, consiguiendo que el sistema colapse.
En el
trascurso de este primer año de funcionamiento las entidades han resuelto
52.000 demandas, apenas el 20% de media en todo el territorio, fallando en contra del banco en más del 97,6% de los casos,
según datos del CGPJ. Aunque para cerrar la trampa, nuestros amigos de la Cosa
Nostra están recurriendo sistemáticamente las sentencias de primera
instancia, colapsando también la segunda, para
disuadir a los perjudicados y conseguir acuerdos extrajudiciales muy
por debajo de las cantidades adeudadas, objetivo primero de todo esta situación
que ha colapsado la Justicia, incrementado los costes y hecho caer en la
desesperación a los afectados inmersos en procedimientos judiciales.
Así las
cosas, los juzgado están comenzando a dejar de fijar fechas para la celebración
de nuevos juicios, al superar las listas de espera el plazo de un año.
Barcelona, Madrid, Gipuzkoa…son ejemplos fehacientes de lo que está sucediendo.
Y en juzgados de otras provincias se están comenzando a dar fechas para
el 2020. Es decir, desde que se sale de la oficina mafiosa y se llega al
Juzgado, hasta la fecha marcada para el juicio, pueden pasar más de dos
años.
El presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme,
ha sido muy claro, asegurando que los bancos están “lastrando injustificadamente” el sistema con una “litigiosidad impostada y fácilmente evitable que
consume enormes recursos públicos” porque no negocian extrajudicialmente con
los clientes en los casos en los que los tribunales ya han fijado criterio. Y
lo hacen, añadió, después de haberse beneficiado de “enormes ayudas públicas
para superar su crisis financiera.
En el primer trimestre del año, los
Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6 por ciento más que
en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de
junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las
que el 97,6 por ciento han sido favorables al cliente.
Con ser
mala, la situación puede seguir empeorando. Y no sólo porque
los afectados siguen llegando a los juzgados después de haber sido asaltados
por sus bancos de nuevo, sino porque en breve se esperan dos sentencias del
TJUE que pueden volver a llenar nuestro país de expoliados
bancarios reconocidos por el derecho europeo. Se trata de la
sentencia sobre el IRPH, índice bancario abusivo y que sin embargo ha sido
reconocido por nuestro Tribunal Supremo como legal, dada la conocida perspicacia del cliente bancario español. El IRPH
ha llegado a las instancias europeas y se espera que en las próximas semanas se
dicte sentencia. Y no es sólo la aplicación de este índice manejado por los
bancos y que ha mantenido con el euríbor un diferencial medio de más de un 3%
lo que se está juzgando en Luxemburgo, sino que también nos va a llegar una
decisión sobre la cláusula de vencimiento anticipado, que puede resultar mortal
para nuestra particular mafia bancaria y merced
a la cual han podido desahuciar, de
manera ilegal, a centenares de miles de españoles durante los últimos veinte
años.
¿Va a
articular el actual Gobierno, que se dice progresista, similares medidas de
ayuda a la banca a las que realizó el PP? ¿Irán a parar las demandas que se
avecinan a los ya colapsados juzgados especiales? Volverá la banca a hacer
valer sus privilegios legales? Si la justicia que se demora años ya
no lo es y si tan sólo busca presionar a los afectados para que
pacten con los bancos cantidades irrisorias, habrá que decidirse a acabar
de una vez con el modelo que padecemos y que
este país se dote de una estructura judicial, sobre todo en sus zonas
altas, independiente, moderna y a la que Europa no tenga que corregir un
día si y otro también. No se puede permitir que la mafia bancaria mantenga sus privilegios a costa
de expoliar una y otra vez a los consumidores con el
beneplácito de Justicia y Gobierno.
EDUARDO
LIZARRAGA
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