Cuando La Banca No Protesta Es Que Se Frota Las Manos
Con opiniones muy dispares y un
importante caos en su aplicación, que ha
llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el
pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario.
La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus
recursos a las nuevas condiciones. Mientras tanto permite la tramitación
en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus
plataformas informáticas.
Desde las asociaciones de consumidores
se habla de oportunidad perdida, al no adecuar la nueva
normativa al espíritu de la Constitución y beneficiar –lo contrario sería
sorprendente- a la banca frente a los usuarios. Es el concepto de
transparencia, que controlarán los notarios, el punto más positivo para los
consumidores y que evitará que tengan que acudir a los tribunales de Justicia,
donde, hay que decirlo, casi siempre ganaban. Dejando de lado este concepto,
cuya solución por medio de acta notarial evitará a la banca largos y costosos
litigios, porque el usuario ya no tendrá nada a lo que agarrarse, en el resto
de los grandes conceptos también gana la banca por goleada.
La idea que destila la nueva ley
hipotecaria es que se ha buscado un blindaje bancario frente a
instancias judiciales extra nacionales, para impedir que el
usuario pueda reclamar. El tiempo dirá si el PSOE ha conseguido lo que el PP no
pudo. Pero vayamos por partes:
Si hablamos de impagos de la cuota hipotecaria, hasta ahora el
banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecario tras
tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad
de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. En estas
situaciones las entidades podrán reclamar el vencimiento
anticipado del préstamoe iniciar un procedimiento que derive en un
desahucio. La realidad es que está blanqueando la aplicación del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada
abusiva por el Tribunal Superior Europeo.
Otro nuevo gol para la banca, que le va
a reportar muy interesantes beneficios, es que los intereses de demora se sitúan en un 3%. Y ha debido
ser un gol caro de conseguir, ya que la doctrina del Tribunal Supremo había
considerado que una cantidad de más del 2% eran intereses
usurarios. Hablando de cifras, vuelven a lograr las
entidades financieras que se establezca un suelo para el Euríbor y que se fije
en el 0%, con lo que su actual negatividad no afectará las condiciones
hipotecarias. Las rodilleras de los autores de la Ley se perciben cuando
se constata la inexistencia de un techo para ese mismo Euríbor. Cuestión ésta
que dejará a las familias “sin techo”, valga la redundancia, si el euríbor se
dispara e impide a muchas familias pagar su cuota hipotecaria.
Y por supuesto, lo de considerar la
dación en pago como obligatoria también decae, en beneficio de las excelentes
condiciones con que la banca continuará obteniendo las viviendas de los
afectados, a los que dejará –todo es posible para los nuevos esclavistas- con
una deuda de por vida. Nuestros amados bancos podrán
quedarse con nuestras viviendas por un ridículo 60% del valor por el que
fueron tasadas en su día si es vivienda habitual y del 50% si
es segunda vivienda. Con este manejo, los usuarios continuarán debiendo
dinero a los bancos, para siempre. Y ello, aunque con la vivienda
embargada el banco haga negocio vendiéndola por encima de ese 60% del valor de
tasación. Es un negocio redondo a costa de la
vivienda de miles de personas que se verán en la calle y del favor ¿debido? de
los partidos políticos. Es necesario reformar la Ley de
Enjuiciamiento Civil que regula el protocolo de adjudicación de
los inmuebles…algo demasiado complejo para que algún Gobierno que se diga de
izquierdas pueda hacerlo en una sola legislatura, no ya en una tarde, como la
reforma de la Constitución que permitió el préstamo a la banca. Préstamo del
que se deben más de 41.000 millones y nadie habla de
intereses de demora ni de embargos, ni de desahucios…
Y además, claro está, nada de
hacer caso a la ONU, que declaró que un desahucio sin alternativa
habitacional es una violación del derecho a la
vivienda. Y a pesar de que ese derecho se contempla en la
Constitución, las personas y sus familias serán desahuciadas por los bancos,
como se lo permite la Ley 5/2019, de 15 de marzo, aunque no exista
alternativa habitacional. Todo quedará en que desde los servicios sociales
municipales se les paguen unos días en un hostal. Los justos para que cuando
esa semana o dos se agoten y se vayan a la calle, ya no haga tanto ruido el que
la lista de los sin techo haya crecido un poco más.
Y por supuesto, nada de impedir o
dificultar a los Fondos Buitre que continúen realizando grandes negocios con
los desahuciadores/tenedores de vivienda. Estos avechuchos que llegaron a
nuestro país hace ya casi diez años, ni se van ni lo harán; al menos
mientras nuestros gobernantes, que parecen sus socios en esta tarea, sigamos
dándoles todas las facilidades que otros países les niegan. Así,
continuarán adquiriendo a precio de saldo nuestras casas y poniéndolas a precio
desmesurado en el mercado del alquiler.
Tampoco se ha regulado ningún mecanismo
para controlar la titulación hipotecaria, con lo que
los carroñeros continuarán haciéndose con los créditos hipotecarios de manera
opaca, sin que los hipotecados lo sepan y mucho menos que conozcan la
cantidad por la que se subastaron su carne y su sangre. Debiera considerarse delito que los bancos no
informen de esa venta y debiera existir un registro por el que los
usuarios pudieran conocer al dueño de su crédito hipotecario. Que
la CNMV haga algo por los usuarios y no sólo por los grandes actores
económicos, con la creación de un registro de titulación créditos hipotecarios
sería muy de agradecer, aunque caiga algo de caspa en el parqué y se vean las
vergüenzas a más de uno. Sobre todo para impedir, como sucede en numerosas
ocasiones, que los bancos intenten desahuciar a usuarios de los que la entidad
ya no es acreedora.
Todo este negocio bancario y financiero,
que se ha montado alrededor de la necesidad de que las familias dispongan
de una vivienda, tendría menor volumen y trascendencia social si en
nuestro país existiera la necesaria cantidad de vivienda pública de la que
gozan otros países. Pero entonces ni bancos ni especuladores podrían obtener
los beneficios que están amasando en estos momentos. Aunque nos estén
generando profundos problemas como país. Y no sólo por el sufrimiento social; a
ver si entendemos ya que nuestra dramática tasa de natalidad es
una de las consecuencias directas de las condiciones que han propiciado los
políticos a los que votamos, para que medren bancos y fondos.
Desde todos los sectores implicados
salen o han salido críticas a la nueva Ley.
Descontento entre los notarios por esa carga de trabajo suplementaria que les
ha caído encima y que además no cobran. Susto y muerte entre los
intermediadores inmobiliarios, que ven como muchas operaciones se retrasan o se
caen, y en unos meses de mucho gasto empresarial y pocos ingresos, además
de que las nuevas exigencias de transparencia han
elevado las exigencias de solvencia de los
bancos y dejarán a buen número de personas fuera de la posibilidad de adquirir
una vivienda y abocadas a un mercado del alquiler cada vez más caro. De los
usuarios ya hemos visto que ha sido una ley muy cacareada, pero con el único
objeto de tapar su realidad. Los trabajadores bancarios
molestos porque la ley obliga a que exista un comercial
certificado en cada sucursal abierta – unas 26.000- y están teniendo que
alterar sus turnos de trabajo y vacaciones para poder atender a la formación
–no remunerada- antes de examinarse.
De la única esquina de la que no han
llegado quejas es desde las entidades financieras, que salvo tener que pagar
los gastos hipotecarios, excepto la tasación, que ya están incluyendo en los
costes del crédito, pierden pocas plumas en el nuevo invento. ¿Cuánta
influencia ha tenido la banca en la lentísima trasposición de la
Directiva 17/2014 que ha dado origen a esta Ley? Un largo cocinado en el que la
banca ha participado de forma soterrada, aderezando el guiso a su conveniencia,
en tanto que los consumidores y afectados nos han podido ni asomar la nariz. Lo
que está claro es que ha quedado muy a su gusto,
porque ya se sabe, que “cuando la banca no protesta es
que se frota las manos”.
Eduardo Lizarraga
