51 ABUSO BANCARIO DE LA JUSTICIA I DEL ESTADO
El Abuso Bancario De La Justicia Y Del Estado No Tiene
Más Recorrido
Hemos vuelto a asistir la pasada semana a una
nueva batalla de los consumidores contra la banca española.
De momento y en el último envite se han quedado en tablas, pero todo indica que
a pesar de los esfuerzos de las entidades financieras, cuyos más altos
directivos han salido en tromba a defender su bonhomía y correcta actuación
según la legislación vigente, el consumidor ganará la batalla de los gastos hipotecarios con el impuesto de actos
jurídicos documentados a su favor. Y tocará la devolución
del importe, al menos a las hipotecas de estos cuatro últimos años,
con un gasto estimado para los bancos de unos 3.000 millones de euros.
Otra cosa muy diferente será lo que suceda con la retroactividad de la sentencia y se está
produciendo una importante lucha de las entidades financieras para que no se
reconozca. Porque si se hace estamos hablando de una cantidad que podría
sobrepasar los 21.000 millones de euros. Y eso son palabras mayores, muy
mayores. Tanto que la banca ya ha amenazado con llegar a los tribunales en
todas y cada una de las demandas que se produzcan. Estamos hablando de una
cifra, que dependiendo de la retroactividad,
superaría los 2 millones de afectados, con lo que el colapso que ya existe en
los juzgados especiales para los abusos bancarios, con más de 210.000 casos
paralizados, se volvería imposible de asumir por una sociedad que se dice
democrática.
Y por si esto fuera poco, se está a la espera de las
sentencias definitivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo
relativo al IRPH y la cláusula de vencimiento anticipado. Y dependiendo
cual sea el fallo, que ya se vislumbra, se originará otra catarata de demandas.
En estos momentos las prácticas
abusivas de las instituciones financieras en nuestro país, han
generado centenares de miles de demandas contra las cláusulas suelo, las
preferentes y subordinadas, los créditos swap y multidivisa…desviadas todas
ellas a los juzgados especiales creados al efecto. Y en todos los casos la
estrategia bancaria es la misma, resistir y recurrir en las audiencias
provinciales para conseguir rebajar las cantidades a pagar por
agotamiento del contrario. Pero esta acción, reprobable por lo que significa de
abuso del fuerte y dotado de medios contra el débil y el embadurnamiento del
concepto de Justicia con el lodo más vil, puede llevar la situación a un punto
donde sea necesario tomar medidas drásticas que
no pueden ser a costa de los afectados.
Por tener unos datos, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1
de julio del año pasado y el 30 de junio de este se han presentado, pese al
decreto para promover los acuerdos entre los bancos y los
afectados-jajajaja-, 247.381 demandas por las cláusulas suelo; resolviendo los
juzgados especiales 40.389 casos, con el 97,03% de las veces en forma favorable
hacia el consumidor. Pero quedan por resolver nada menos que 208.601
casos, sin contar con que la mayor parte de las sentencias perdidas son recurridas por los bancos en las audiencias
provinciales provocando el colapso de las mismas
Durante ese mismo periodo de tiempo las audiencias,
según el CGPJ, han resuelto 58.249 casos de preferentes, 10.236 de subordinadas
y 9.653 de ‘swap’. Suman 78.138, lo que indica, como poco, la existencia de
otras tantas resoluciones sobre este tipo de productos financieros en los juzgados de primera instancia, a las que hay
que sumar las no recurridas y las causas en trámite.
Salvando la inesperada resolución del Supremo respecto
al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados,
que puede suponer la puntilla bancaria, y volviendo a los dos asuntos de mayor
calado pendientes, es decir, el IRPH y la cláusula de vencimiento anticipado, la situación
no es nada halagüeña para los intereses bancarios.
El pasado mes de septiembre la Comisión Europea, respondiendo a una cuestión
prejudicial elevada por un juzgado de Barcelona, puso distancia con la
resolución del Supremo, que afirmó que el IRPH ni es abusivo ni es opaco, sino
un indicador supervisado por el Banco de España y legal a todas luces. En su
demoledor informe para las instituciones financieras españolas, la Comisión
asegura que el IRPH se puede y debe eliminar de los contratos hipotecarios si
el juez comprueba que no ha habido transparencia en su aplicación y puede
hacerlo manteniendo el resto del contrato eliminando del mismo los intereses.
En caso de que el contrato no pueda subsistir erradicando la cláusula o su
nulidad sea perjudicial para el usuario, ambas partes deberán buscar “de buena
fe” un índice sustitutivo, abonando el banco las cantidades percibidas de más.
Tras el informe de la Comisión Europea y el
pronunciamiento del Abogado General, Maciej Szpunar,
que fue aún más duro con la banca española y su inseparable Tribunal Supremo, deberá ser el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) quien dicte definitivamente una sentencia. Y las
perspectivas son muy malas para nuestro sector bancario.
Pero además del IRPH, el TJUE debe dirimir sobre
la cláusula de vencimiento anticipado y en los mismos
términos, si un juez es competente para sustituirla por otra, que es lo que
piden tanto el Supremo como los bancos, o debe eliminarse del contrato.
El mismo problema la misma solución. Pero aquí hay más en juego. Y es que en
los últimos diez años la gran mayoría de los 695.259 ejecuciones hipotecarias
realizadas por los bancos en España y los lanzamientos de vivienda derivados de
ellas, se han realizado invocando esta cláusula de vencimiento
anticipado, en algunos casos por haber dejado una cuota
impagada. Todos esos desahucios podrían ser nulos si
la cláusula de vencimiento anticipado debiera haberse retirado del contrato por
abusiva. Ello sin contar con las más de 80.000 ejecuciones hipotecarias
ya previstas, que están esperando que la situación se dirima y
que de desaparecer la mencionada cláusula, deberán resolverse por otra vía
mucho más larga que la ejercida hasta ahora por los bancos.
Entramos en unos números y situaciones imposibles de asumir, ni por la Justicia
Española ni por la banca. Es cierto que todo ese dinero ingresado de más ha
pasado por sus manos y que todos los desahucios realizados le han dejado con
centenares de miles de viviendas vacías en su poder. Pero ni el dinero está ya
en sus bolsillos ni tampoco las viviendas, que se han vendido, a precio
de derribo no ofertado a sus anteriores propietarios, a fondos buitre, que son
ahora los grandes propietarios del inmobiliario español.
Es la banca la que ha vivido por encima de sus posibilidades, exprimiendo a su país
con leyes y cláusulas abusivas y obteniendo recursos ilegales. Y de esos abusos llegó su época
dorada, con sucursales en cada esquina, centenares de miles de empleados,
inversiones americanas, relumbrón europeo y grandes sueldos para sus
ejecutivos, sin hablar de los dividendos que año tras año daba a sus
accionistas. ¿Cómo va a devolver ese dinero que
se ha gastado y no tiene? ¿Cómo va a devolver las viviendas a
los desahuciados de manera ilegal o resarcir los daños causados? ¿Vamos a tener
que rescatarlos otra vez? ¿Seguiremos tolerando que colapse la Justicia para
beneficio propio?Sumadas todas las cantidades que nuestro sistema financiero
tendría que devolver da como resultado la necesidad de un pacto de estado por
el que se garantice su supervivencia intervenida y que no sea a costa de de los
damnificados, que deben ser resarcidos de sus pérdidas… de entre todos los
participantes son los menos culpables.
La Justicia está intervenida por colapso,
el dinero se ha esfumado, los desahuciados se quedaron
sin casas y con deudas de por vida, los fondos buitre campan a
su conveniencia, los bancos se llevan las manos a la cabeza y parece que no hay
nadie capaz de tomar decisiones para arreglar la difícil situación que podría
originar un sistema bancario quebrado de nuevo y
al que no parece de recibo que el Estado socorra otra vez con un cheque en
blanco, a pesar de ser corresponsable de la situación…¡Toc,
toc! ¿Hay alguien?
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La Defensa Del Negocio Bancario Lleva Al Supremo Hasta
El Suicidio
El Tribunal Supremo ha sido capaz de superarse a sí
mismo y a lo largo de estas tres últimas semanas ha conseguido romperse y
acabar con la escasa credibilidad que le quedaba. Su presidente Carlos Lesmes y el presidente de la sala de lo
Contencioso Administrativo, Luis Díez Picazo, tienen
mucho que ver con lo sucedido y debieran dimitir ante
la situación creada, como se exige ya desde distintos ámbitos políticos y
judiciales.
Todo comienza
cuando la empresa de vivienda de Rivas Vaciamadrid presenta
una demanda porque no comprende que no sean otros, más que los bancos, que son
los que necesitan inscribir y dar fe notarial de las viviendas que se adquieren
con un crédito hipotecario, los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados.
A
continuación, la sala tercera de lo Contencioso Administrativo cambia de criterio, como ya se lo habían
advertido a Díez Picazo, que debía estar con su
atención dispersa en algún complot menor y se dejó meter un gol por la escuadra
que iba a costar a la banca desde 3.000 millones en
adelante. Y es que la sentencia dictada por la sala el pasado día 18 de
octubre, anulaba el artículo 68.2 del reglamento del impuesto y endosaba así el
pago a las entidades bancarias.
Y ante la
magnitud del desastre bancario, con caída general en bolsa incluida
y la intensidad de las llamadas telefónicas, Díez Picazo reaccionó,
mal y tarde, pero lo hizo para intentar salvar el bolsillo del sector
financiero frente a los intereses de millones de
familias españolas que teniendo sólo la razón, carecen de lobby
de presión. Azuzado sin duda por Carlos Lesmes,
presidente del Tribunal Supremo por el PP, emite al día siguiente un
comunicado, un tanto irreflexivo ante el terremoto que va a causar, con el
que suspende la sentencia y convoca un pleno de 31
jueces el día 5 de noviembre para dirimir sobre ese drástico cambio de
criterio, y salir al rescate de los bancos anulándolo.
Y en estos 18
días todos presionan a un Tribunal Supremo y
a sus miembros, fácilmente influenciables por lo que se ha podido comprobar.
Pero es el sector financiero el que tiene más fuerza porque, al fin y al cabo
es el que más se juega, si dejamos de lado la credibilidad de la Justicia
española, que a estas alturas ya no vale gran cosa.
Raro fue el día en que algún alto
ejecutivo bancario no salió a la palestra a defender sus posiciones y a
amenazar con los males que puede suponer un sector financiero depauperado por
los costes del impuesto.
El consejero
delegado de BBVA, Carlos Torres, aseguró que la
entidad acataría la decisión que tomara el Tribunal Supremo en relación a quién
debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
(AJD), pero aseguraba no contemplar que el fallo pudiera penalizar a
quien ha cumplido la ley.
En el mismo
sentido se expresó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que defendió que los bancos han
estado cumpliendo una norma en vigor durante 23 años, por lo que no tiene
sentido penalizar a estas entidades cumplidoras de la ley con un considerable
quebranto económico. Adelantando, que no había prevista ninguna provisión de
fondos para hacer frente a las consecuencias de lo que dictaminara el Supremo
sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Por su parte,
el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez,
estimó que cambiar el sujeto pasivo del impuesto es, cuanto menos, “una cosa
extraña” y que no veía ninguna razón para que existiera retroactividad si el
Tribunal Supremo decidía el próximo 5 de noviembre que los bancos deben pagar
el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Haciendo también hincapié
en que las entidades financieras habían cumplido con el reglamento vigente en cada momento.
Pero no han
sido sólo los bancos los que han esgrimido su opinión en los medios, también la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
se muestra preocupada por la situación y estima que las Comunidades Autónomas
podrían verse obligadas a devolver hasta 5.000 millones de euros si
el Supremo confirma que es la banca quien debe pagarlo y abre la puerta a
devolver el dinero indebidamente cobrado a los
contribuyentes, durante los últimos cuatro años. Montero aseguró que
se dirigiría a la banca para que cubriera esta cantidad que debía haber
abonado.
El problema
no es sólo que en un futuro la banca tenga que abonar ese impuesto, que ya lo
repercutirá en las hipotecas, el verdadero problema radica en la hipotética retroactividad de la medida que podría haber
llevado, mejor dicho llevar que el problema no está para nada cerrado, a
las entidades financieras a pagar entre 3.000 y 20.000 millones dependiendo de
los años que fuéramos hacia atrás.
En todo caso
es preciso contemplar los números para entender la magnitud del problema y es
que no parece que la “enorme repercusión económica”
de la que hablaban los bancos, presionando al Tribunal Supremo y
a los políticos que se dejen presionar, sea tan grande como dicen. Y es que
durante los nueve primeros meses del año el IAJD ha supuesto una cifra de 480
millones de euros, es decir, un 3,5% de los 13.909 millones de euros que han
ganado las principales entidades financieras en
esos mismos nueve meses.
Si tenemos en
cuenta los cuatro últimos años, que serían los de retroactividad casi
indiscutible, el impuesto de las hipotecas ha representado 947 millones de euros anuales desde octubre de
2014 hasta julio de 2018. En ese periodo, el montante total ha sido de 3.631
millones de euros, asumidos por 1.564.424 contribuyentes, según pone de
manifiesto el análisis realizado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha).
Finalmente, y
como en una actuación bien preparada, el Gobierno ha respondido a la crisis
ocasionada por la sentencia del Tribunal Supremo y aprobará hoy jueves un decreto ley con el que modificará la norma que
regula el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados,
para que nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los
bancos.
Con esta
medida, necesaria tras la degeneración a
la que ha llegado el Supremo, Sánchez despeja la situación futura, pero no
aclara lo que pasará con la retroactividad. Y
aquí, como ya viene siendo la norma, tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien
nos socorra y ya se han alzado voces al respecto. De prolongarse la actuación
de nuestras altas instancias judiciales contra los consumidores y a favor de empresas
y entidades financieras, Luxemburgo va a tener que dotarse de los medios
necesarios para mantener a nuestro país como una causa abierta de forma
constante, lo que es un bochorno de
proporciones europeas.
Decía antes
que el Supremo está roto y que su credibilidad es inexistente, se ha inmolado en el altar
del beneficio bancario. Por ello e independientemente de que a Carlos Lesmes le llegue la hora de irse dentro de
un mes, parece necesario que esta estructura judicial sea de verdad independiente y su clientelismo de partidos
políticos y grupos de presión, cediendo a sus intereses, desaparezca. Y debiera
hacerlo con la dimisión de todos sus miembros actuales,
que han quedado manchados para siempre por esta actuación y otras muchas
anteriores, de las que destila una contaminación política e
ideológica constante. Necesitamos volver a creer en la
Justicia, que debiera ser uno de nuestro pilares básicos, como en el resto de
los países europeos. No puede seguir siendo un cachondeo
delante de toda Europa. No nos lo merecemos…¿o tal vez si?
Eduardo Lizarraga
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