68 La Paguita De Sánchez Rematará España De Ricos Y
Ociosos
No suele tener la suerte el Gobierno de
que la oposición secunde sus medidas o al menos no las critique, con gresca
incluida, en este tiempo de pandemia. Sin embargo, la propuesta de sacar
adelante la vieja idea del ingreso mínimo vital ha
cosechado el rechazo unánime de los tres partidos de la derecha y de los
estamentos más reaccionarios del estado, incluida la Iglesia. Lo que resulta
cuando menos sorprendente, porque tan sólo se busca un ingreso que sostenga a
las familias por encima del umbral de la pobreza.
Y pobreza es lo que se está temiendo que comience a abundar en nuestro país
tras el paso del ciclón coronavirus, que está arrasando con el tejido
productivo y con nuestras principales fuentes de riqueza. Pobreza que traerá
muy malas consecuencias en todos los sentidos, si no se pone remedio.
Las previsiones macroeconómicas están
señalando un semestre muy duro por delante y
es que descensos de actividad tan bruscos no se habían visto nunca
antes, ni con la crisis financiera del 2008, ni con la del 93. En la
primera se perdieron nueve puntos del PIB y en la segunda tan sólo uno.
El panorama nos lo pinta desolador el
propio Banco de España, que ha sido el primero de los bancos centrales en poner
cifras económicas a la pandemia. El supervisor español calcula que la actividad
en España se hundió un 4,7% trimestral entre enero y marzo y haciendo número,
antes de que la situación comience a estabilizarse, ya está hablando de una caída que podría llegar al 13,6% del PIB.
Y lo que es peor, podemos ir olvidando de la recurrente recuperación en V,
porque no se la espera para el 2021.
El servicio de estudios del Banco de
España esgrimió tres escenarios posibles y habiendo dejado ya atrás el primero
que contemplaba un confinamiento de 8 semanas y una salida rápida, es mejor
centrarse en los dos siguientes. El siguiente mantiene la reclusión de las 8
semanas y una salida gradual avanzando hacia una normalización completa a final
de año. Es el escenario en el que quiere situarse el Gobierno. De esta
manera el PIB caería un 8,7% y ya supone que algunas
empresas no lograrán abrir tras los ERTEs.
En la tercera hipótesis el encierro
sería de doce semanas, con una salida lenta y una normalización incompleta de
la actividad a final de año, particularmente en la hostelería y el ocio.
Contempla una caída del PIB de un 13,6% complicándose
la salida de las restricciones al extenderse la crisis sanitaria. Es el
escenario al que el Gobierno no quiere llegar y que implica la desaparición de bastantes empresas y una fuerte
pérdida de renta y producción.
El entramado empresarial español, con
una inmensa mayoría de pequeñas empresas y autónomos, a los que va a ser
difícil hacer llegar la financiación, es muy frágil y la crisis puede abocar a la desaparición de numerosas empresas,
que tendrá su inmediata traslación a dificultades en los hogares. Situación
acrecentada por la existencia de numerosos contratos temporales y todavía de
muchos trabajadores en B, que estarán ayunos de cualquier prestación.
Las cifras del BdE son el crudo
indicador de la situación en paro y deuda que se nos viene encima. Los
primeros cálculos indican que el paro alcanzará una cifra
este año de entre el 18% y el 22%, no estando contabilizados
en estos datos los trabajadores afectados por ERTEs, ya que al seguir cotizando
no se les cuenta como parados. Pero hasta los más optimistas saben que una
parte considerable de esos 3,5 millones de afectados terminarán en las listas
del INEM. Los mismos cálculos hablan de que alcanzaremos un déficit público
entre el 7,5% y el 12% del PIB y una deuda que podría alcanzar el 125%. Pero antes de caer en la
absoluta alarma es preciso entender que vivimos en la mayor incertidumbre sobre
lo que nos está llegando, aunque sabemos que no va a ser bueno.
Los datos del Banco de España han sido secundados por sus colegas europeos,
que aseguran que hay que llegar al final de la II Guerra Mundial para encontrar
una situación semejante en el hundimiento de la economía, con una contracción
este año que dejará muy pequeña a la experimentada en toda la crisis del 2008.
Y previendo lo que está llegando, el
Gobierno quiere tener en marcha la renta vital para mediados del próximo
mes de mayo. Una medida bien vista por economistas de derechas e izquierdas y
entre los que destacan apoyos tan «sorprendentes» como los de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE y Cristóbal Montoro, anterior Ministro de Hacienda
con el PP.
El plan del Gobierno se ciñe a
garantizar un ingreso familiar que beneficiará a un millón de
hogares, con un total aproximado de tres millones de personas. El
coste de la renta mínima, que es un instrumento permanente, será de unos 5.500 millones de euros al año, que se irá rebajando al
absorber otras ayudas sociales de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La
cifra supone un 60% del coste mensual de las pensiones.
Es preciso diferenciar esta renta con la RBU o Renta Básica Universal, porque
es una renta garantizada y básica, entregada mes a mes por el estado, sujeta a determinadas condiciones y sólo para un
grupo de población concreto.
La renta prevista por el Gobierno de
Sánchez permitirá a su beneficiarios compaginarla con un empleo durante unos
meses para incentivar la incorporación al mercado laboral. Para su concesión se
computarán todos los ingresos por rentas del hogar beneficiario y se realizará
un examen del patrimonio. El cruce de datos entre Hacienda y Seguridad Social
resulta crucial para evitar fraudes y combatir la
economía paralela.
Por otro lado respetará las diferentes
rentas de inserción autonómicas que existen en las 17 CC.AA., desde que en 1989 el País Vasco puso en marcha la suya. Son muy
dispares en condiciones y cuantías –entre 300 y 726 euros- pero benefician a
más de 300.000 hogares en riesgo de extrema pobreza y tienen un coste anual que
apenas supera los 1.500 millones de euros. Alcanzan al 8% de las personas en
riesgo, cifra que en el País Vasco se eleva al 71%,
lo que convierte a la renta mínima en el instrumento más eficaz para paliar la
situación económica de los hogares en riesgo de exclusión.
Por su antigüedad y cobertura, merece la
pena fijarse en la herramienta del País Vasco, la RGI o Renta de Garantía
de Ingresos. Como dice el Gobierno Vasco, es una “prestación económica mensual
para atender las necesidades básicas de personas que no disponen de recursos suficientes y que les
ayuda a encontrar una salida laboral». Con sus 665 euros de media, es la más
elevada de todas las rentas autonómicas, y una gran parte de sus
beneficiarios son jubilados que complementan con ella sus
exiguas pensiones.
La RGI se concede en determinadas circunstancias
y criterios, pudiendo el menor cambio en alguno de ellos suspender la ayuda. Y
como se demuestra con constantes estudios, no desincentiva la búsqueda de
trabajo que es el “mantra” repetido por la Iglesia y la
derecha. Y en todo caso, si el país no puede ofrecer trabajo para todos, lo que
sucede cuando el desempleo está por encima del estructural 3%, parece
obligado establecer medidas que palien la situación. Y la obligación deviene
porque el trabajo y la vivienda son derechos consagrados en nuestra
Constitución, de la que algunos solo se acuerdan para lo que les
interesa.
Los beneficiarios en paro deben estar
inscritos «ininterrumpidamente como demandantes de empleo», y pueden
perder la ayuda en caso de «rechazar un trabajo adecuado». También si se
rechazan mejoras económicas en sus trabajos, que podrían conllevar una
suspensión de la RGI al superar los umbrales máximos. Percibir la ayuda
no provoca que sus receptores dejen de buscar trabajo o de ingresar en el
mercado laboral, como lo atestigua un informe del Instituto de Economía Laboral
(IZA) que analiza el impacto de la RGI en el estatus laboral de miles de vascos
beneficiarios. A grandes rasgos, la ayuda «no retrasa» ni coarta
la entrada en un puesto de trabajo. El informe añade que las políticas
activas de empleo específicamente diseñadas, tienen un impacto muy positivo en
la reincorporación del mercado laboral. Los beneficiarios de la RGI, con cursos
de formación, tienden a encontrar trabajo.
La aplicación de la RGI y otros instrumentos similares tiene grandes
beneficios:
·
Evita la exclusión social y la extrema pobreza con todo lo que conlleva
·
Ayuda a que los trabajadores con más dificultad para encontrar empleo no se
queden desamparados por completo y les permite formarse para encontrarlo
·
Obliga a las empresas a contratar teniendo en cuenta el SMI
·
Ayuda a cribar las empresas que se aprovechan con políticas de sueldos
bajos y reduce la precariedad
·
Obliga a la búsqueda de empleo
Es preciso recordar que en el País Vasco
la tasa de desempleo ronda el 8% y que salvo casos muy excepcionales de
deshumanización o fanatismo, la población acepta la RGI,
porque 20 años han demostrado sus bondades y eficacia. Las “paguitas” son
los 80.000 al año de alguna Fundación en Madrid. Como todos los partidos la
aceptan no hay clientelismo y los partidos que no la quieren carecen de
representación política. Paradigmático ¿no?
Además de los resultados directos sobre
la población directamente beneficiada, tiene un efecto
dinamizador sobre la economía a la que se le está inyectando
dinero que llega desde abajo. Este dinero fluye hacia todo el sistema económico
y no sucede como con el rescate bancario, que ni favoreció al consumo ni a las
familias, terminando el dinero en fondos buitre y
paraísos fiscales. En suma, hay más dinero en el
bolsillo de todos, que es lo que siempre quieren hacer los liberales
bajando impuestos, aunque ese caso no suele beneficiar a los más pobres.
Y otra cuestión que yo considero importante, aunque pueden ser cosas mías,
elimina de raíz el concepto voluntarista de caridad hacia los pobres y lo
cambia por el de justicia en el reparto social. Tal vez por esto no guste a la
Iglesia Española, que curiosamente tiene una opinión contraria a la del Papa
Francisco.
No puedo dejar de resaltar, me va un
retorcimiento de estómago de no hacerlo, la postura de la Conferencia Episcopal Española (CEE), destacada
por su portavoz, Luis Arguello, que se muestra contraria a que la renta básica
sea un instrumento prolongado en el tiempo. Y dice, se atreven a decir,
quienes cobran todos los años, de una manera u otra, entre subvenciones,
subsidios y prebendas, más de 10.000 millones de
euros, “pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada yo
creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común» y
añade «podrían dejar de pensar tener un trabajo».
Tendremos que pagar, sí o sí, entre
2.000 y 3.000 millones de euros por el rescate de las autopistas de
Esperanza y otros preclaros políticos y aunque nos hemos librado de los 4.731 millones de euros que íbamos a pagar a
Florentino Pérez por el fiasco de Cástor,
la banca nos ha dejado a deber unos 65.000 millones de euros del
rescate y ya ha dicho que no los devuelve, el túnel del AVE en
Pirineos nos ha salido «a devolver» en unos 450
millones, aeropuertos inservibles en
Castellón (150 millones) y Ciudad Real (900 millones) y una larga lista de
infraestructuras inútiles que tan sólo han sido rentables en algunos casos para
Florentino y siempre para los comisionistas…y no escucho a los partidos que
miran por el interés de los españoles salir a reclamarlo. Pero aparece la
«paguita» y la derecha y la Iglesia salen en tromba.
Será que ese dinero no va a ir a sus bolsillos y va a invalidar su antiguo camino al cielo por la caridad…será.
Eduardo Lizarraga
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