43 ECONOMIA--LOS BENEFICIOS DEL INMOBILIARIO
Los Beneficios Del Inmobiliario Llegan A Costa De
Nuevos Desahucios
Pasamos ya de
los diez años desde que comenzara la crisis y a pesar de los buenos datos que
todas las semanas exhiben Rajoy y sus ministros, la carestía, la pobreza y la
incertidumbre continúan reinando en nuestros pueblos y ciudades. Diez años
desde aquel verano en que nos fuimos ricos de vacaciones
y volvimos pobres…y no sabíamos bien cuanto.
Durante este
tiempo se han producido en nuestro país más de 600.000 desahucios, pasando
desde la alarma social y la apertura de los informativos en los primeros años,
a hundirse en la cotidianidad, pareciendo que ya no se producen.
Nada más
lejos de la realidad, los desahucios siguen presentes entre nosotros en número
alarmante, pero la apariencia que se quiere dar es de bonanza económica y las
lacras sociales que continuamos padeciendo se silencian de todas las maneras
posibles. Hasta aparecen personajes que los niegan en terrible parodia de la
negación del Holocausto, como el presidente de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, que habla de ellos como de
una leyenda urbana. La PAH asegura que estas declaraciones
son buena muestra del pensamiento de la clase banquera, que se permite
desmentir al Consejo General del Poder Judicial, al Instituto Nacional de
Estadística, al Banco de España… etc, organismos que facilitan periódicamente
datos que demuestran justo lo contrario.
No es la
primera vez que esto sucede, ya en febrero de 2013, mientras aumentaba el ritmo
de desalojos, Javier Rodríguez Pellitero, portavoz de la patronal bancaria
AEB, negaba en el Congreso que estuviesen echando a familias de sus
casas, asegurando que eran viviendas vacías de segunda residencia.
Ambos parecen firmes seguidores del pensamiento de Goebbels, que esgrimía que
una mentira repetida mil veces dejaba de serlo.
Cuando los
desahucios comenzaron a menudear, el Gobierno no hizo nada por impedirlo y
puestos a salvar a alguien, lo hicieron con la banca, a un coste no declarado
de más de 120.000 millones de euros, que nunca
recuperaremos y que se llevaron por delante la Sanidad, la Educación y muchas
prestaciones sociales. La sensibilidad con los desahuciados, a los que se llegó
a acusar de terroristas y de no querer pagar sus deudas,
fue inexistente.
Y el drama
continúa, aunque ahora cambie de registro. Si en una primera fase la mayor
parte de los lanzamientos se producían por impago de la hipoteca y
aplicando la cláusula de vencimiento anticipado –que ya veremos que pasa con
ella- se echaba a la familia a la calle al tercer plazo vencido y no pagado y a
veces menos, ahora abundan más los desahucios por impago de la
renta de alquiler. Siguen produciéndose los desahucios hipotecarios,
aunque ya no son tantos como en los peores años de la crisis, en que se
superaron los 225 diarios.
Desde 2014,
año en que España volvió a crecer, se han registrado un
total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos
proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El peor año fue el 2014, con 119.442, y posteriormente la cifra fue
bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán
asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.
Durante el tercer trimestre de 2017
todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles, cuya
venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que
habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero
sí un porcentaje muy alto.
De estos
9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio
de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían
a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las
pertenecientes a particulares, que tenían en ellas su residencia habitual, sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por
término medio, 17 familias fueron informadas
cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a
perder su casa.
Por
territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad de Valencia, con un
total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente.
Lo curioso y significativo es que en la reciente intervención de Susana Díez
hablando de la economía en Andalucía, no se hizo mención alguna a este dato. En
el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53)
y Cantabria (57).
Como ya he
mencionado, está cambiando el motivo del desahucio, pero las familias continúan terminando en la calle. Y es que
muchas de las personas que terminaron desalojadas por no poder pagar las cuotas
hipotecarias están en trance de volver a serlo ante el imparable aumento del precio del alquiler y la
imposibilidad de pagarlo con unos sueldos miserables, que no se incrementan ni
en un euro. Para quienes arrendaron entre 2010 y 2014, los peores momentos de
la crisis, las subidas son importantes. Entre 100 euros y 400 más de media se
le pedirán al querer renovar el arrendamiento. Todo dependerá del año en
el que se firmó el contrato.
En estos
primeros meses del 2018 están caducando los últimos contratos de cinco años,
que se firmaron antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU),
aprobada el 5 de junio de 2013, que buscaba flexibilizar la duración de los
contratos, pasando de un mínimo de cinco años a tres,
y reduciendo la prórroga de tres a uno. El objetivo esgrimido por el Gobierno
fue evitar la rigidez del mercado y que los particulares alquilaran sus pisos
vacíos, aunque ello se hiciera a costa de desproteger a los
inquilinos dejándolos a merced de los caseros, como está
sucediendo. Por si fuera poco, también están finalizando los contratos
sometidos a la nueva LAU y que se firmaron en el año 2015
Y la subida
que les espera es imposible para una gran parte de los españoles, que perciben
sueldos inferiores a mil euros. Nada menos que incrementos del 38% de media,
contabilizando desde el 2013 hasta hoy. Y esta media es engañosa, como todas,
porque en Madrid suben un 39% y un 50% en Barcelona. Los burofaxes,
anunciando la finalización del alquiler para muchos inquilinos, abundan más que
las hojas en otoño y los nuevos términos van a ser inasumibles para
muchos, que tendrán que irse cada vez más lejos o buscarse alguien con quien
compartir el alquiler –se impone la casa patera-, porque
viviendas sociales en alquiler existen pocas en un entorno que acaba con lo
público y vende las viviendas sociales a fondos buitre,
como ha sucedido en Madrid.
La
consecuencia de este cambio legislativo es que cada vez
son más los desahucios por impagos del alquiler. De acuerdo a los
datos del Consejo General del Poder Judicial crecieron un 4,2% en el tercer
trimestre de 2017, hasta representar el 60,2% del total. Por contra, los
lanzamientos por impago de la hipoteca bajaron un 18,7%. Según el Banco de
España, en 2001 vivían de alquiler el 9,6% de los hogares españoles, y en 2016
eran el 16,3%. En las grandes ciudades el porcentaje es superior, con lo que el
problema se irá acrecentando conforme pasen los meses.
El Gobierno
ha tenido mucho tiempo para ver lo que estaba sucediendo con el precio de los
alquileres y se ha negado a intervenir, obediente a la máxima neoliberal
de dejar que el mercado se regule a sí mismo, máxima
conservadora que es una de las grandes mentiras que padecemos y
con ejemplos abundantes en la telefonía, la luz, el gas, los combustibles…La
entrada de grandes empresas inversoras en el mercado del alquiler,
como Santander, BBVA y Acciona, aleja la posibilidad de la intervención y
deja al inquilino a los pies de los caballos o con los
pies en la calle para hablar con más propiedad. La
regulación de la vivienda como un derecho de todos y no un bien
especulativo sigue pendiente y alejándose, siendo
buena muestra de ello la rentabilidad que alcanzan los inversores, llegados al
calor de una legislación que vuelve a promover la especulación con la vivienda
y a que los beneficios inmobiliarios se realicen a costa de los que menos
tienen.
Eduardo Lizarraga
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