diumenge, 25 de febrer de 2018

REVISTA MENSUAL SKORPIO Nº 43 LA 1ª INDEPENDENT DEL MARESMA GUARDONADA EN POESIA. FEBRER 2018 PÀG. 7 ECONOMIA " LOS BENEFICIOS DEL INMOBILIARIO " LIZARRAGA

43 ECONOMIA--LOS BENEFICIOS DEL INMOBILIARIO

Los Beneficios Del Inmobiliario Llegan A Costa De Nuevos Desahucios
Pasamos ya de los diez años desde que comenzara la crisis y a pesar de los buenos datos que todas las semanas exhiben Rajoy y sus ministros, la carestía, la pobreza y la incertidumbre continúan reinando en nuestros pueblos y ciudades. Diez años desde aquel verano en que nos fuimos ricos de vacaciones y volvimos pobres…y no sabíamos bien cuanto.
Durante este tiempo se han producido en nuestro país más de 600.000 desahucios, pasando desde la alarma social y la apertura de los informativos en los primeros años, a hundirse en la cotidianidad, pareciendo que ya no se producen.
Nada más lejos de la realidad, los desahucios siguen presentes entre nosotros en número alarmante, pero la apariencia que se quiere dar es de bonanza económica y las lacras sociales que continuamos padeciendo se silencian de todas las maneras posibles. Hasta aparecen personajes que los niegan en terrible parodia de la negación del Holocausto, como el presidente de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, que habla de ellos como de una leyenda urbana. La PAH asegura que estas declaraciones son buena muestra del pensamiento de la  clase banquera, que se permite desmentir al Consejo General del Poder Judicial, al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España… etc, organismos que facilitan periódicamente datos que demuestran justo lo contrario.
No es la primera vez que esto sucede, ya en febrero de 2013, mientras aumentaba el ritmo de desalojos, Javier Rodríguez Pellitero, portavoz de la patronal bancaria AEB, negaba en el Congreso que estuviesen echando a familias de sus casas, asegurando que eran viviendas vacías de segunda residencia. Ambos parecen firmes seguidores del pensamiento de Goebbels, que esgrimía que una mentira repetida mil veces dejaba de serlo.
Cuando los desahucios comenzaron a menudear, el Gobierno no hizo nada por impedirlo y puestos a salvar a alguien, lo hicieron con la banca, a un coste no declarado de más de 120.000 millones de euros, que nunca recuperaremos y que se llevaron por delante la Sanidad, la Educación y muchas prestaciones sociales. La sensibilidad con los desahuciados, a los que se llegó a acusar de terroristas y de no querer pagar sus deudas, fue inexistente.
Y el drama continúa, aunque ahora cambie de registro. Si en una primera fase la mayor parte de los lanzamientos se producían por impago de la hipoteca  y aplicando la cláusula de vencimiento anticipado –que ya veremos que pasa con ella- se echaba a la familia a la calle al tercer plazo vencido y no pagado y a veces menos, ahora abundan más los desahucios por impago de la renta de alquiler. Siguen produciéndose los desahucios hipotecarios, aunque ya no son tantos como en los peores años de la crisis, en que se superaron los 225 diarios.
Desde 2014, año en que España volvió a crecer, se han registrado un total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El peor año fue el  2014, con 119.442, y posteriormente la cifra fue bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.
Durante el tercer trimestre de 2017 todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles, cuya venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero sí un porcentaje muy alto.
De estos 9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las pertenecientes a particulares, que tenían en ellas su residencia habitual, sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por término medio, 17 familias fueron informadas cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a perder su casa.
Por territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad de Valencia, con un total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente. Lo curioso y significativo es que en la reciente intervención de Susana Díez hablando de la economía en Andalucía, no se hizo mención alguna a este dato. En el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53) y Cantabria (57).
Como ya he mencionado, está cambiando el motivo del desahucio, pero las familias continúan terminando en la calle. Y es que muchas de las personas que terminaron desalojadas por no poder pagar las cuotas hipotecarias están en trance de volver a serlo ante el imparable aumento del precio del alquiler y la imposibilidad de pagarlo con unos sueldos miserables, que no se incrementan ni en un euro. Para quienes arrendaron entre 2010 y 2014, los peores momentos de la crisis, las subidas son importantes. Entre 100 euros y 400 más de media se le pedirán al querer renovar el arrendamiento.  Todo dependerá del año en el que se firmó el contrato.
En estos primeros meses del 2018 están caducando los últimos contratos de cinco años, que se firmaron antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada el 5 de junio de 2013, que buscaba flexibilizar la duración de los contratos, pasando de un mínimo de cinco años a tres, y reduciendo la prórroga de tres a uno. El objetivo esgrimido por el Gobierno fue evitar la rigidez del mercado y que los particulares alquilaran sus pisos vacíos, aunque ello se hiciera a costa de desproteger a los inquilinos dejándolos a merced de los caseros, como está sucediendo.  Por si fuera poco, también están finalizando los contratos sometidos a la nueva LAU y que se firmaron en el año 2015
Y la subida que les espera es imposible para una gran parte de los españoles, que perciben sueldos inferiores a mil euros. Nada menos que incrementos del 38% de media, contabilizando desde el 2013 hasta hoy. Y esta media es engañosa, como todas, porque en Madrid suben un 39% y un 50% en Barcelona.  Los burofaxes, anunciando la finalización del alquiler para muchos inquilinos, abundan más que las hojas en otoño y los nuevos términos van a ser inasumibles para muchos, que tendrán que irse cada vez más lejos o buscarse alguien con quien compartir el alquiler –se impone la casa patera-, porque viviendas sociales en alquiler existen pocas en un entorno que acaba con lo público y vende las viviendas sociales a fondos buitre, como ha sucedido en Madrid.
La consecuencia de este cambio legislativo es que cada vez son más los desahucios por impagos del alquiler. De acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial crecieron un 4,2% en el tercer trimestre de 2017, hasta representar el 60,2% del total. Por contra, los lanzamientos por impago de la hipoteca bajaron un 18,7%. Según el Banco de España, en 2001 vivían de alquiler el 9,6% de los hogares españoles, y en 2016 eran el 16,3%. En las grandes ciudades el porcentaje es superior, con lo que el problema se irá acrecentando conforme pasen los meses.
El Gobierno ha tenido mucho tiempo para ver lo que estaba sucediendo con el precio de los alquileres y se ha negado a intervenir, obediente a la máxima neoliberal de dejar que el mercado se regule a sí mismo, máxima conservadora que es una de las grandes mentiras que padecemos y con ejemplos abundantes en la telefonía, la luz, el gas, los combustibles…La entrada de grandes empresas inversoras en el mercado del alquiler, como Santander, BBVA y Acciona, aleja la posibilidad de la intervención y deja al inquilino a los pies de los caballos o con los pies en la calle para hablar con más propiedad.  La regulación de la vivienda como un derecho de todos y no un bien especulativo sigue pendiente y alejándose, siendo buena muestra de ello la rentabilidad que alcanzan los inversores, llegados al calor de una legislación que vuelve a promover la especulación con la vivienda y a que los beneficios inmobiliarios se realicen a costa de los que menos tienen.
Eduardo Lizarraga


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