43 VIVIENDAS SOCIALES DESVENGONZOSO PLAN DE ANA BOTELLA
La Venta De La Vivienda Social Lleva A Botella Ante La
Justicia
El desvergonzado
plan de Ana Botella, con el que hizo caja vendiendo las viviendas
sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone, un fondo buitre, está
encontrándose con la realidad de los tribunales. La operación se realizó
vendiendo los inmuebles a un precio muy inferior al de mercado, lo que produjo
un perjuicio económico a las arcas municipales de unos 127 millones de euros.
Cantidad, que tras la demanda presentada, el Palacio de Cibeles quiere que se
le restituya.
La demanda se
centra en dos operaciones. Por un lado, la que implica al equipo de Ana
Botella, fue la enajenación de 18 promociones completas de viviendas protegidas
(1.860), de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados
al fondo buitre Blackstone -mediante su filial Fidere– por
128,5 millones de euros. Aunque, según informes periciales, su precio de
mercado era de 249, 2 millones. Una diferencia que produjo un daño a las arcas municipales, pues al ser
los fondos de la EMVS fondos públicos, el daño causado
sobre ellos afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación que existe entre el
patrimonio de ambos.
Los
demandados son Ana Botella y su equipo de
Gobierno: Concepción Dancausa -actual delegada del
Gobierno y antes concejal de Economía y Hacienda-, José Enrique Núñez,
Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, María Dolores
Navarro Ruíz y Pedro Corral.
La otra
operación que está en los tribunales, y por la que se demanda al entonces
consejero de la EMVS, Fermín Oslé, es
la enajenación de 34 viviendas y dos plazas de garaje a las sociedades
Avellanar Inversiones, S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por poco más de dos
millones de euros.
Pero parece
preciso recordar la operación que ha terminado en manos de la justicia. En el
año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo
a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y
banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y
bancos tendrían que hacer para sanear sus balances, bien aderezadas por
ingentes cantidades de dinero público, se hicieron con un ladrillo agrupado y
barato.
Entre los
fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por la manera
sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la que ha
obtenido sus beneficios, y porque fue el malo necesario para la operación que
hizo Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Hay que decir
que de todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo.
Sólo en el mercado inmobiliario gestiona
64.000 millones en activos. Desde su llegada a España realizó una serie
de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale
la compra de activos de la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por
1.860 viviendas, construidas con dinero público y en
régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por vivienda, incluyendo gran
cantidad de garajes y trasteros.
La operación se realizó el 20 de junio
de 2013, después que la EMV hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas.
Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de
tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas, se realizara
en menos de seis días.
Una vez
seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que de resultas de la ardua
negociación municipal obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros,
algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso por la
propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569
trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros, casi la
mitad de su precio de mercado. En su momento se supo, que además del descuento
suplementario de los dos millones, el fondo obtuvo una propinilla en
la compra, ya que el equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en
España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.
En su
momento, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estimó que la enajenación de las
18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para
fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles. Por ello piensa que hubo un posible quebranto económico, que llegaría a los 2,3
millones de euros –los dos millones de la rebaja y los 300.000 euros de la
propinilla- que respondería a la diferencia con la primera oferta de la empresa
adjudicataria.
En marzo del
2015 se formó una Comisión de investigación de la Deuda de la
capital, con el voto a favor de Ciudadanos. Se constituyó con cuatro
representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que
correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de
nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que
pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.
A pesar de
los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afectaba a la mujer de su
querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre,
con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de
la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni
adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni justificó en ningún momento
por qué pagó 2,4 millones de euros, en concepto de comisión inmobiliaria, a una
UTE de reciente creación y capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre
Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre.
Y que no sólo la venta de estos inmuebles fue
ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados,
pensionistas y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para
el Ayuntamiento de Madrid que podría llegar a los 161 millones, según estimaron
en aquel momento.
Para atender
a las responsabilidades patrimoniales que podrían derivarse de la demanda
admitida a trámite, todos los miembros de la anterior Junta de
Gobierno pidieron que fuera el propio Ayuntamiento, a través de la póliza
de seguro de Responsabilidad Civil que tiene
suscrita, el que se hiciera cargo, tanto de las fianzas derivadas del proceso,
como de sus defensas jurídicas. Pero la aseguradora -Zurich Service A.I.E- ha
dicho que no, porque eso no entra en la cobertura
contratada.
Concepción
Dancausa, actual delegada del Gobierno en
Madrid, ha pedido por carta,al director general de Organización, Régimen
Jurídico y Formación del Consistorio, en su condición de asegurada bajo la
póliza de seguro de Responsabilidad Civil suscrita por el Ayuntamiento, que se
active la cobertura de la póliza de forma inmediata y dado que el contrato
de seguro ampara expresamente la Responsabilidad Profesional por daño o
perjuicios indemnizables, Dancausa requiere igualmente al consistorio
para que se aplique la defensa jurídica y prestación de fianzas judiciales que
le corresponde. Una carta similar a la que han enviado los otros implicados.
Peticiones a
las que la compañía Zurich ha contestado poniendo de manifiesto
la ausencia de cobertura para la responsabilidad contable que está siendo
exigida por el Tribunal de Cuentas, por lo que “no cabe
otorgar la defensa jurídica solicitada”.
Las
consecuencias que puede tener la resolución de la demanda, incluso las penales,
son difíciles de precisar. En todo caso, no es una actuación política única en
la reciente historia inmobiliaria de
nuestro país la que se va a juzgar y pone de manifiesto varias cuestiones que
deberían resolverse para evitar situaciones similares en el futuro. Entre
ellas, que el hipotecado tenga derecho de
tanteo y retracto sobre su deuda, sobre todo la que concierne a su vivienda,
cuando ésta sale al mercado. Y que cualquier operación en la que el dinero o
propiedad pública estén implicados, se realice de forma transparente a los
ciudadanos, disponiendo de luz y taquígrafos a discreción. De lo contrario el
dinero público seguirá sirviendo para enriquecer a los cercanos al poder
político del momento.
Eduardo Lizarraga
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