67 IBI., LA IGLESIA AHORA PAGARÁ COMO CUALQUIER HIJO
DE VECINO, SEA POBRE SEA RICO!!!
Los Opacos Dineros Del Reino De Los Cielos
Han pasado
ya más de veinte siglos desde que Jesús, el galileo, predicara a los judíos sus
doctrinas. Por lo poco que nos ha llegado, no eran difíciles de entender ni de
cumplir, pero a pesar de ello, si Jesús volviera entre nosotros, no iba a
reconocer nada de lo que dijo en la Iglesia que se edificó sobre sus palabras,
y además le condenarían por comunista. “Mi Reino no es de
éste mundo”, aseguró, y poco debieron entender los que continuaron su
trabajo, porque tras el edicto de Milán, de Constantino y, sobre todo, del
edicto de Tesalónica, del hispano Teodosio el Grande (por el regalazo que le
hizo al cristianismo), la Iglesia se erigió como un Estado, cuyo poder temporal
fue superior al de muchos reyes.
Y como un
estado más, sus representantes en la tierra, los sucesores de Pedro el
pescador, los Papas, declararon guerras, se apoderaron de territorios,
cometieron crímenes de estado, pagaron ejércitos, masacraron pueblos y hasta
intentaron pasar el cargo a sus herederos de sangre. De esta manera tan poco
celestial, se hicieron con un reino en la tierra que
dura hasta nuestros días. El de hoy ya no es un reino con poderes feudales,
sustentado por Dios y la espada, ha pasado a ser una multinacional del sector de la salvación. Eso sí,
la más antigua y exenta de impuestos
Los estados
europeos católicos, en una carrera muy lenta comenzada tras la revolución
francesa, que expropió todas las propiedades eclesiásticas
en Francia, fueron eliminando sus señoríos, derechos y prebendas. La
reunificación de Italia supuso el fin de los Estados Pontificios, quedando el
poder terrenal de la Iglesia en el mundo, limitado al Estado del Vaticano. A
comienzos de esta década el Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata
Mario Monti, dio el hachazo final a las prerrogativas de la Iglesia Italiana,
al exigirle el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Y en España,
la impunidad de la Iglesia ante Hacienda podría estar tocando a su fin. Lo
anunció Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno -otra
comunista-, asegurando que el Gobierno obligará a la
Iglesia a pagar el IBI en los espacios que no son de culto,
igual que lo hace en Francia o Italia. Y añadió Calvo, y esto ha causado
indignación y movimiento de mitras, que la Iglesia tiene que rendir cuentas al
Tribunal de Cuentas de cómo administra lo percibido en la declaración de
hacienda de los españoles, “es para política social y no
para otras cosas”.
La
declaración de la vicepresidenta apunta directamente a los 284 millones, libres
de impuestos y de los que, a pesar de que las ayudas públicas que percibe
no se pueden destinar a actividades que no sean estrictamente religiosas, más de 19 millones de esa recaudación fueron destinados al
rescate de TreceTV, la televisión que crearon los obispos en 2010 y
en la que ya se han gastado más de 82 millones de euros recaudados con la
casilla de la renta. Para hacernos una idea, son unos 11 millones al año,
casi el doble de lo que destinan a Cáritas, eso sí, sin
tanta publicidad.
Con parecer
mucho estos 284 millones, recibidos gracias a que el 32,5% de los declarantes
marcó la casilla de la Iglesia en su declaración, la realidad es que tan sólo
representan una cuarta parte de sus ingresos directos. Son
algo más de 113 millones los que recaudan haciendo taquilla con “su
patrimonio cultural”. Por ejemplo de la mezquita de Córdoba, inmatriculada, es
decir, expoliada por 30 euros, percibe nada menos que casi 16
millones por taquilla libre de impuestos. Lo gracioso de la situación es
que los beneficios los recibe la Iglesia y el mantenimiento lo hacemos
entre todos, es decir, con dinero público. Y siguiendo con las
divinas cuentas, los obispos perciben hasta 329 millones por donativos y
aportaciones de sus fieles, así como por todo el papeleo y certificados de
bodas, bautizos y comuniones; también sin impuestos.
Sin embargo
la parte del león, y principal razón por la que defienden a capa y espada la
asignatura de religión, son los 6.000 millones de euros por año que
reciben de la educación concertada. A lo que hay que sumar otros 100 millones,
que paga el estado por la asignatura de Religión en los colegios públicos.
No olvidemos los 122 millones que obtiene de alquileres de pisos y
locales; recordemos que la iglesia española es la mayor propietaria
inmobiliaria del país, un fondo buitre más y actuando como ellos, salvo
que tampoco paga impuestos.
Las
veleidades inmobiliarias de la Iglesia son conocidas desde siempre, pero parece
que en los últimos tiempos les ha entrado una cierta pasión por la construcción y la especulación. Por desgracia también
por los desahucios. De forma reciente ha comprado un solar en Valdebebas por 48
millones, con la intención de edificar bloques de oficinas; construcción en la
que invertirá algo más de 62 millones de euros. El valor final que
obtendrá de la operación girará en torno a los 170 millones. Y para
financiar esta actividad inmobiliaria han vendido, a través de la Fundación Fusara, 14 edificios de viviendas por
una cantidad de 74 millones de euros. Dejando eso sí, a 200 familias que vivían
de alquiler, al albur de lo que decida el nuevo casero, que es un oscuro
entramado de unas 15 empresas.
Fusara
también ha vendido en enero la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos de la Fundación
Santísima Virgen y San Celedonio, en la calle Padre Damián de Madrid. En este
caso son unas 200 personas incluyendo ancianos y monjas, las que tendrán que
buscarse otro acomodo en menos de año y medio. La operación, aparte del coste
ético de los que se quedan sin techo, les ha supuesto 37 millones de euros.
Seguimos haciendo caja. Como curiosidad, en el patronato de la Fundación Fusara encontramos al Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid, con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida en un sillón
preferente.
Se estima
que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000
propiedades inmobiliarias, de las que 5.000 son iglesias, siguen
conventos, cementerios, ermitas, locales, y un buen número de pisos
alquilados a terceros. Muchos de ellos se los han apropiado hace no
mucho, inmatriculándolos a su nombre y quitándoselos al pueblo, con la ley que
graciosamente, para garantizarse un puesto en en reino de los cielos, les hizo
Aznar. Además, es de su propiedad más del 80% del patrimonio artístico,
incluyendo 300 museos y 103 catedrales. De todo ello, y de los beneficios que
esto le reporta, la Iglesia católica no paga ningún impuesto, ni el IBI, ni el
de obras, ni el de sociedades, ni IVA ni venía…
Pero la
situación, al menos en lo que se refiere al IBI, está cambiando. Fue el
Ayuntamiento de Getafe el que abrió el melón para el cobro de poco más de
26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO) a las
Escuelas Pías. La cuestión llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que en el 2017 falló a favor del ayuntamiento asegurando que la Iglesia católica
está obligada a pagar tributos en actividades que
comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de
Estado expresamente prohibida por el Tratado de la
UE.
Así las
cosas, centenares de ayuntamientos de todo el estado quieren aprovechar el
melón abierto, y ya se han puesto a calcular lo que la Iglesia les debe por el
IBI de sus inmuebles. Muchos inmuebles son muchos millones. Lleida, Valencia,
Oviedo, Zamora, Soria, Tarragona, Valladolid, Zamora, Soria, León, Ronda,
Leganés, Badalona, Elda, Lugo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, , Córdoba,
Alboraya, Móstoles, Rivas y muchos otros municipios tienen ya preparados los
importes y las cartas. La Iglesia no se lo va a poner
fácil y legiones de abogados poco celestes ya están
preparándose.
Van a
escudarse tanto en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que no hablan para
nada de exenciones en actividades lucrativas, como en la Ley de Mecenazgo de
2002, que aunque amplía la escapada tributaria a las fundaciones y la
institución eclesial en general, tiene un rango inferior a la legislación
comunitaria que prevalece sobre la legislación interna de cada país. Y la
normativa europea es muy clara, establece que el uso lucrativo que genere
beneficio está sometido a libre competencia y obliga a cobrar el IBI. Si no,
serían ayudas ilegales a actividades en las que la Iglesia, como son
hospitales, educación y otras, compite con la empresa privada. Estableciendo
una cuestión prejudicial se volverá a Luxemburgo.
Capítulo
aparte merece la memoria anual que sobre sus cuentas entrega cada año la
Conferencia Episcopal y que ofrece poca información. El Tribunal de Cuentas iba a fiscalizar por primera
vez las cuentas de la Iglesia Católica en el año 2018. Así lo acordó el
propio organismo en diciembre de 2017. La memoria del 2017 llegó en septiembre
del 2019 y desde entonces no se ha hecho nada. Parece que el Tribunal de
Cuentas se resiste a auditar las cuentas de la Iglesia y no hay voluntad política para obligarle. La
interesada desidia se alza de nuevo para ayudar a los intereses
eclesiásticos a mantener su acostumbrada opacidad.
Pero estamos hablando de dinero público y es obligación del Estado su control.
La
Conferencia Episcopal asegura que la competencia del Tribunal de Cuentas es
“fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos”,
pero no a la Iglesia. Ellos tan sólo tienen que presentar una memoria y ya se
hace, pero a su manera. No hay nada que justificar.
Veinte siglos de oscurantismo y sigilo, junto con un poco bastante de cara dura
hacia el país en el que viven, dan para mucho. Por poner un ejemplo, ¿quien
habla de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén?,
que aunque a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, -que incluso destina
personal propio a trabajar en ésta institución- es en realidad un
organismo eclesiástico, propietario de la Basílica de San Francisco el Grande
de Madrid, e inmuebles en Jerusalén, Siria, Turquía y Marruecos. Eso sin
olvidar una importante pinacoteca con obras de Zurbarán, Rubalta y Goya. Por
supuesto, con los beneficios fiscales acostumbrados.
Asimismo
existe una “Obra Pía” en Italia, dependiente también del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que se encarga de gestionar un patrimonio de casi 200 pisos y 80
locales comerciales en el centro de Roma. El importe de estos alquileres, que
alcanzó la cifra de seis millones de euros en el año 2008 –no hay
más datos posteriores-, termina siempre en manos de la Iglesia
Católica, en forma de generosos donativos. Como de costumbre libres de impuestos.
Las cuentas
están ahí: 284 millones en dinero público;
7.000 millones en ingresos varios y 2.000 que tendrían que pagar en
impuestos y que también es dinero público. Mira que Jesús dijo “Al César lo que
es del César”. Pero éstos no lo han entendido así y piensan que todo es poco
para ellos. ¿Cómo sino iban a poder seguir viviendo como príncipes de la
Iglesia?
Eduardo
Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
67 IBI., LA IGLESIA AHORA PAGARÁ COMO CUALQUIER HIJO
DE VECINO, SEA POBRE SEA RICO!!!
Los Opacos Dineros Del Reino De Los Cielos
Han pasado
ya más de veinte siglos desde que Jesús, el galileo, predicara a los judíos sus
doctrinas. Por lo poco que nos ha llegado, no eran difíciles de entender ni de
cumplir, pero a pesar de ello, si Jesús volviera entre nosotros, no iba a
reconocer nada de lo que dijo en la Iglesia que se edificó sobre sus palabras,
y además le condenarían por comunista. “Mi Reino no es de
éste mundo”, aseguró, y poco debieron entender los que continuaron su
trabajo, porque tras el edicto de Milán, de Constantino y, sobre todo, del
edicto de Tesalónica, del hispano Teodosio el Grande (por el regalazo que le
hizo al cristianismo), la Iglesia se erigió como un Estado, cuyo poder temporal
fue superior al de muchos reyes.
Y como un
estado más, sus representantes en la tierra, los sucesores de Pedro el
pescador, los Papas, declararon guerras, se apoderaron de territorios,
cometieron crímenes de estado, pagaron ejércitos, masacraron pueblos y hasta
intentaron pasar el cargo a sus herederos de sangre. De esta manera tan poco
celestial, se hicieron con un reino en la tierra que
dura hasta nuestros días. El de hoy ya no es un reino con poderes feudales,
sustentado por Dios y la espada, ha pasado a ser una multinacional del sector de la salvación. Eso sí,
la más antigua y exenta de impuestos
Los estados
europeos católicos, en una carrera muy lenta comenzada tras la revolución
francesa, que expropió todas las propiedades eclesiásticas
en Francia, fueron eliminando sus señoríos, derechos y prebendas. La
reunificación de Italia supuso el fin de los Estados Pontificios, quedando el
poder terrenal de la Iglesia en el mundo, limitado al Estado del Vaticano. A
comienzos de esta década el Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata
Mario Monti, dio el hachazo final a las prerrogativas de la Iglesia Italiana,
al exigirle el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Y en España,
la impunidad de la Iglesia ante Hacienda podría estar tocando a su fin. Lo
anunció Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno -otra
comunista-, asegurando que el Gobierno obligará a la
Iglesia a pagar el IBI en los espacios que no son de culto,
igual que lo hace en Francia o Italia. Y añadió Calvo, y esto ha causado
indignación y movimiento de mitras, que la Iglesia tiene que rendir cuentas al
Tribunal de Cuentas de cómo administra lo percibido en la declaración de
hacienda de los españoles, “es para política social y no
para otras cosas”.
La
declaración de la vicepresidenta apunta directamente a los 284 millones, libres
de impuestos y de los que, a pesar de que las ayudas públicas que percibe
no se pueden destinar a actividades que no sean estrictamente religiosas, más de 19 millones de esa recaudación fueron destinados al
rescate de TreceTV, la televisión que crearon los obispos en 2010 y
en la que ya se han gastado más de 82 millones de euros recaudados con la
casilla de la renta. Para hacernos una idea, son unos 11 millones al año,
casi el doble de lo que destinan a Cáritas, eso sí, sin
tanta publicidad.
Con parecer
mucho estos 284 millones, recibidos gracias a que el 32,5% de los declarantes
marcó la casilla de la Iglesia en su declaración, la realidad es que tan sólo
representan una cuarta parte de sus ingresos directos. Son
algo más de 113 millones los que recaudan haciendo taquilla con “su
patrimonio cultural”. Por ejemplo de la mezquita de Córdoba, inmatriculada, es
decir, expoliada por 30 euros, percibe nada menos que casi 16
millones por taquilla libre de impuestos. Lo gracioso de la situación es
que los beneficios los recibe la Iglesia y el mantenimiento lo hacemos
entre todos, es decir, con dinero público. Y siguiendo con las
divinas cuentas, los obispos perciben hasta 329 millones por donativos y
aportaciones de sus fieles, así como por todo el papeleo y certificados de
bodas, bautizos y comuniones; también sin impuestos.
Sin embargo
la parte del león, y principal razón por la que defienden a capa y espada la
asignatura de religión, son los 6.000 millones de euros por año que
reciben de la educación concertada. A lo que hay que sumar otros 100 millones,
que paga el estado por la asignatura de Religión en los colegios públicos.
No olvidemos los 122 millones que obtiene de alquileres de pisos y
locales; recordemos que la iglesia española es la mayor propietaria
inmobiliaria del país, un fondo buitre más y actuando como ellos, salvo
que tampoco paga impuestos.
Las
veleidades inmobiliarias de la Iglesia son conocidas desde siempre, pero parece
que en los últimos tiempos les ha entrado una cierta pasión por la construcción y la especulación. Por desgracia también
por los desahucios. De forma reciente ha comprado un solar en Valdebebas por 48
millones, con la intención de edificar bloques de oficinas; construcción en la
que invertirá algo más de 62 millones de euros. El valor final que
obtendrá de la operación girará en torno a los 170 millones. Y para
financiar esta actividad inmobiliaria han vendido, a través de la Fundación Fusara, 14 edificios de viviendas por
una cantidad de 74 millones de euros. Dejando eso sí, a 200 familias que vivían
de alquiler, al albur de lo que decida el nuevo casero, que es un oscuro
entramado de unas 15 empresas.
Fusara
también ha vendido en enero la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos de la Fundación
Santísima Virgen y San Celedonio, en la calle Padre Damián de Madrid. En este
caso son unas 200 personas incluyendo ancianos y monjas, las que tendrán que
buscarse otro acomodo en menos de año y medio. La operación, aparte del coste
ético de los que se quedan sin techo, les ha supuesto 37 millones de euros.
Seguimos haciendo caja. Como curiosidad, en el patronato de la Fundación Fusara encontramos al Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid, con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida en un sillón
preferente.
Se estima
que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000
propiedades inmobiliarias, de las que 5.000 son iglesias, siguen
conventos, cementerios, ermitas, locales, y un buen número de pisos
alquilados a terceros. Muchos de ellos se los han apropiado hace no
mucho, inmatriculándolos a su nombre y quitándoselos al pueblo, con la ley que
graciosamente, para garantizarse un puesto en en reino de los cielos, les hizo
Aznar. Además, es de su propiedad más del 80% del patrimonio artístico,
incluyendo 300 museos y 103 catedrales. De todo ello, y de los beneficios que
esto le reporta, la Iglesia católica no paga ningún impuesto, ni el IBI, ni el
de obras, ni el de sociedades, ni IVA ni venía…
Pero la
situación, al menos en lo que se refiere al IBI, está cambiando. Fue el
Ayuntamiento de Getafe el que abrió el melón para el cobro de poco más de
26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO) a las
Escuelas Pías. La cuestión llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que en el 2017 falló a favor del ayuntamiento asegurando que la Iglesia católica
está obligada a pagar tributos en actividades que
comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de
Estado expresamente prohibida por el Tratado de la
UE.
Así las
cosas, centenares de ayuntamientos de todo el estado quieren aprovechar el
melón abierto, y ya se han puesto a calcular lo que la Iglesia les debe por el
IBI de sus inmuebles. Muchos inmuebles son muchos millones. Lleida, Valencia,
Oviedo, Zamora, Soria, Tarragona, Valladolid, Zamora, Soria, León, Ronda,
Leganés, Badalona, Elda, Lugo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, , Córdoba,
Alboraya, Móstoles, Rivas y muchos otros municipios tienen ya preparados los
importes y las cartas. La Iglesia no se lo va a poner
fácil y legiones de abogados poco celestes ya están
preparándose.
Van a
escudarse tanto en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que no hablan para
nada de exenciones en actividades lucrativas, como en la Ley de Mecenazgo de
2002, que aunque amplía la escapada tributaria a las fundaciones y la
institución eclesial en general, tiene un rango inferior a la legislación
comunitaria que prevalece sobre la legislación interna de cada país. Y la
normativa europea es muy clara, establece que el uso lucrativo que genere
beneficio está sometido a libre competencia y obliga a cobrar el IBI. Si no,
serían ayudas ilegales a actividades en las que la Iglesia, como son
hospitales, educación y otras, compite con la empresa privada. Estableciendo
una cuestión prejudicial se volverá a Luxemburgo.
Capítulo
aparte merece la memoria anual que sobre sus cuentas entrega cada año la
Conferencia Episcopal y que ofrece poca información. El Tribunal de Cuentas iba a fiscalizar por primera
vez las cuentas de la Iglesia Católica en el año 2018. Así lo acordó el
propio organismo en diciembre de 2017. La memoria del 2017 llegó en septiembre
del 2019 y desde entonces no se ha hecho nada. Parece que el Tribunal de
Cuentas se resiste a auditar las cuentas de la Iglesia y no hay voluntad política para obligarle. La
interesada desidia se alza de nuevo para ayudar a los intereses
eclesiásticos a mantener su acostumbrada opacidad.
Pero estamos hablando de dinero público y es obligación del Estado su control.
La
Conferencia Episcopal asegura que la competencia del Tribunal de Cuentas es
“fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos”,
pero no a la Iglesia. Ellos tan sólo tienen que presentar una memoria y ya se
hace, pero a su manera. No hay nada que justificar.
Veinte siglos de oscurantismo y sigilo, junto con un poco bastante de cara dura
hacia el país en el que viven, dan para mucho. Por poner un ejemplo, ¿quien
habla de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén?,
que aunque a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, -que incluso destina
personal propio a trabajar en ésta institución- es en realidad un
organismo eclesiástico, propietario de la Basílica de San Francisco el Grande
de Madrid, e inmuebles en Jerusalén, Siria, Turquía y Marruecos. Eso sin
olvidar una importante pinacoteca con obras de Zurbarán, Rubalta y Goya. Por
supuesto, con los beneficios fiscales acostumbrados.
Asimismo
existe una “Obra Pía” en Italia, dependiente también del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que se encarga de gestionar un patrimonio de casi 200 pisos y 80
locales comerciales en el centro de Roma. El importe de estos alquileres, que
alcanzó la cifra de seis millones de euros en el año 2008 –no hay
más datos posteriores-, termina siempre en manos de la Iglesia
Católica, en forma de generosos donativos. Como de costumbre libres de impuestos.
Las cuentas
están ahí: 284 millones en dinero público;
7.000 millones en ingresos varios y 2.000 que tendrían que pagar en
impuestos y que también es dinero público. Mira que Jesús dijo “Al César lo que
es del César”. Pero éstos no lo han entendido así y piensan que todo es poco
para ellos. ¿Cómo sino iban a poder seguir viviendo como príncipes de la
Iglesia?
Eduardo
Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
67 IBI., LA IGLESIA AHORA PAGARÁ COMO CUALQUIER HIJO
DE VECINO, SEA POBRE SEA RICO!!!
Los Opacos Dineros Del Reino De Los Cielos
Han pasado
ya más de veinte siglos desde que Jesús, el galileo, predicara a los judíos sus
doctrinas. Por lo poco que nos ha llegado, no eran difíciles de entender ni de
cumplir, pero a pesar de ello, si Jesús volviera entre nosotros, no iba a
reconocer nada de lo que dijo en la Iglesia que se edificó sobre sus palabras,
y además le condenarían por comunista. “Mi Reino no es de
éste mundo”, aseguró, y poco debieron entender los que continuaron su
trabajo, porque tras el edicto de Milán, de Constantino y, sobre todo, del
edicto de Tesalónica, del hispano Teodosio el Grande (por el regalazo que le
hizo al cristianismo), la Iglesia se erigió como un Estado, cuyo poder temporal
fue superior al de muchos reyes.
Y como un
estado más, sus representantes en la tierra, los sucesores de Pedro el
pescador, los Papas, declararon guerras, se apoderaron de territorios,
cometieron crímenes de estado, pagaron ejércitos, masacraron pueblos y hasta
intentaron pasar el cargo a sus herederos de sangre. De esta manera tan poco
celestial, se hicieron con un reino en la tierra que
dura hasta nuestros días. El de hoy ya no es un reino con poderes feudales,
sustentado por Dios y la espada, ha pasado a ser una multinacional del sector de la salvación. Eso sí,
la más antigua y exenta de impuestos
Los estados
europeos católicos, en una carrera muy lenta comenzada tras la revolución
francesa, que expropió todas las propiedades eclesiásticas
en Francia, fueron eliminando sus señoríos, derechos y prebendas. La
reunificación de Italia supuso el fin de los Estados Pontificios, quedando el
poder terrenal de la Iglesia en el mundo, limitado al Estado del Vaticano. A
comienzos de esta década el Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata
Mario Monti, dio el hachazo final a las prerrogativas de la Iglesia Italiana,
al exigirle el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Y en España,
la impunidad de la Iglesia ante Hacienda podría estar tocando a su fin. Lo
anunció Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno -otra
comunista-, asegurando que el Gobierno obligará a la
Iglesia a pagar el IBI en los espacios que no son de culto,
igual que lo hace en Francia o Italia. Y añadió Calvo, y esto ha causado
indignación y movimiento de mitras, que la Iglesia tiene que rendir cuentas al
Tribunal de Cuentas de cómo administra lo percibido en la declaración de
hacienda de los españoles, “es para política social y no
para otras cosas”.
La
declaración de la vicepresidenta apunta directamente a los 284 millones, libres
de impuestos y de los que, a pesar de que las ayudas públicas que percibe
no se pueden destinar a actividades que no sean estrictamente religiosas, más de 19 millones de esa recaudación fueron destinados al
rescate de TreceTV, la televisión que crearon los obispos en 2010 y
en la que ya se han gastado más de 82 millones de euros recaudados con la
casilla de la renta. Para hacernos una idea, son unos 11 millones al año,
casi el doble de lo que destinan a Cáritas, eso sí, sin
tanta publicidad.
Con parecer
mucho estos 284 millones, recibidos gracias a que el 32,5% de los declarantes
marcó la casilla de la Iglesia en su declaración, la realidad es que tan sólo
representan una cuarta parte de sus ingresos directos. Son
algo más de 113 millones los que recaudan haciendo taquilla con “su
patrimonio cultural”. Por ejemplo de la mezquita de Córdoba, inmatriculada, es
decir, expoliada por 30 euros, percibe nada menos que casi 16
millones por taquilla libre de impuestos. Lo gracioso de la situación es
que los beneficios los recibe la Iglesia y el mantenimiento lo hacemos
entre todos, es decir, con dinero público. Y siguiendo con las
divinas cuentas, los obispos perciben hasta 329 millones por donativos y
aportaciones de sus fieles, así como por todo el papeleo y certificados de
bodas, bautizos y comuniones; también sin impuestos.
Sin embargo
la parte del león, y principal razón por la que defienden a capa y espada la
asignatura de religión, son los 6.000 millones de euros por año que
reciben de la educación concertada. A lo que hay que sumar otros 100 millones,
que paga el estado por la asignatura de Religión en los colegios públicos.
No olvidemos los 122 millones que obtiene de alquileres de pisos y
locales; recordemos que la iglesia española es la mayor propietaria
inmobiliaria del país, un fondo buitre más y actuando como ellos, salvo
que tampoco paga impuestos.
Las
veleidades inmobiliarias de la Iglesia son conocidas desde siempre, pero parece
que en los últimos tiempos les ha entrado una cierta pasión por la construcción y la especulación. Por desgracia también
por los desahucios. De forma reciente ha comprado un solar en Valdebebas por 48
millones, con la intención de edificar bloques de oficinas; construcción en la
que invertirá algo más de 62 millones de euros. El valor final que
obtendrá de la operación girará en torno a los 170 millones. Y para
financiar esta actividad inmobiliaria han vendido, a través de la Fundación Fusara, 14 edificios de viviendas por
una cantidad de 74 millones de euros. Dejando eso sí, a 200 familias que vivían
de alquiler, al albur de lo que decida el nuevo casero, que es un oscuro
entramado de unas 15 empresas.
Fusara
también ha vendido en enero la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos de la Fundación
Santísima Virgen y San Celedonio, en la calle Padre Damián de Madrid. En este
caso son unas 200 personas incluyendo ancianos y monjas, las que tendrán que
buscarse otro acomodo en menos de año y medio. La operación, aparte del coste
ético de los que se quedan sin techo, les ha supuesto 37 millones de euros.
Seguimos haciendo caja. Como curiosidad, en el patronato de la Fundación Fusara encontramos al Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid, con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida en un sillón
preferente.
Se estima
que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000
propiedades inmobiliarias, de las que 5.000 son iglesias, siguen
conventos, cementerios, ermitas, locales, y un buen número de pisos
alquilados a terceros. Muchos de ellos se los han apropiado hace no
mucho, inmatriculándolos a su nombre y quitándoselos al pueblo, con la ley que
graciosamente, para garantizarse un puesto en en reino de los cielos, les hizo
Aznar. Además, es de su propiedad más del 80% del patrimonio artístico,
incluyendo 300 museos y 103 catedrales. De todo ello, y de los beneficios que
esto le reporta, la Iglesia católica no paga ningún impuesto, ni el IBI, ni el
de obras, ni el de sociedades, ni IVA ni venía…
Pero la
situación, al menos en lo que se refiere al IBI, está cambiando. Fue el
Ayuntamiento de Getafe el que abrió el melón para el cobro de poco más de
26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO) a las
Escuelas Pías. La cuestión llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que en el 2017 falló a favor del ayuntamiento asegurando que la Iglesia católica
está obligada a pagar tributos en actividades que
comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de
Estado expresamente prohibida por el Tratado de la
UE.
Así las
cosas, centenares de ayuntamientos de todo el estado quieren aprovechar el
melón abierto, y ya se han puesto a calcular lo que la Iglesia les debe por el
IBI de sus inmuebles. Muchos inmuebles son muchos millones. Lleida, Valencia,
Oviedo, Zamora, Soria, Tarragona, Valladolid, Zamora, Soria, León, Ronda,
Leganés, Badalona, Elda, Lugo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, , Córdoba,
Alboraya, Móstoles, Rivas y muchos otros municipios tienen ya preparados los
importes y las cartas. La Iglesia no se lo va a poner
fácil y legiones de abogados poco celestes ya están
preparándose.
Van a
escudarse tanto en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que no hablan para
nada de exenciones en actividades lucrativas, como en la Ley de Mecenazgo de
2002, que aunque amplía la escapada tributaria a las fundaciones y la
institución eclesial en general, tiene un rango inferior a la legislación
comunitaria que prevalece sobre la legislación interna de cada país. Y la
normativa europea es muy clara, establece que el uso lucrativo que genere
beneficio está sometido a libre competencia y obliga a cobrar el IBI. Si no,
serían ayudas ilegales a actividades en las que la Iglesia, como son
hospitales, educación y otras, compite con la empresa privada. Estableciendo
una cuestión prejudicial se volverá a Luxemburgo.
Capítulo
aparte merece la memoria anual que sobre sus cuentas entrega cada año la
Conferencia Episcopal y que ofrece poca información. El Tribunal de Cuentas iba a fiscalizar por primera
vez las cuentas de la Iglesia Católica en el año 2018. Así lo acordó el
propio organismo en diciembre de 2017. La memoria del 2017 llegó en septiembre
del 2019 y desde entonces no se ha hecho nada. Parece que el Tribunal de
Cuentas se resiste a auditar las cuentas de la Iglesia y no hay voluntad política para obligarle. La
interesada desidia se alza de nuevo para ayudar a los intereses
eclesiásticos a mantener su acostumbrada opacidad.
Pero estamos hablando de dinero público y es obligación del Estado su control.
La
Conferencia Episcopal asegura que la competencia del Tribunal de Cuentas es
“fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos”,
pero no a la Iglesia. Ellos tan sólo tienen que presentar una memoria y ya se
hace, pero a su manera. No hay nada que justificar.
Veinte siglos de oscurantismo y sigilo, junto con un poco bastante de cara dura
hacia el país en el que viven, dan para mucho. Por poner un ejemplo, ¿quien
habla de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén?,
que aunque a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, -que incluso destina
personal propio a trabajar en ésta institución- es en realidad un
organismo eclesiástico, propietario de la Basílica de San Francisco el Grande
de Madrid, e inmuebles en Jerusalén, Siria, Turquía y Marruecos. Eso sin
olvidar una importante pinacoteca con obras de Zurbarán, Rubalta y Goya. Por
supuesto, con los beneficios fiscales acostumbrados.
Asimismo
existe una “Obra Pía” en Italia, dependiente también del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que se encarga de gestionar un patrimonio de casi 200 pisos y 80
locales comerciales en el centro de Roma. El importe de estos alquileres, que
alcanzó la cifra de seis millones de euros en el año 2008 –no hay
más datos posteriores-, termina siempre en manos de la Iglesia
Católica, en forma de generosos donativos. Como de costumbre libres de impuestos.
Las cuentas
están ahí: 284 millones en dinero público;
7.000 millones en ingresos varios y 2.000 que tendrían que pagar en
impuestos y que también es dinero público. Mira que Jesús dijo “Al César lo que
es del César”. Pero éstos no lo han entendido así y piensan que todo es poco
para ellos. ¿Cómo sino iban a poder seguir viviendo como príncipes de la
Iglesia?
Eduardo
Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
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