62 Comisión Internacional de Juristas: «La condena a
los líderes catalanes viola los derechos humanos»
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octubre 14, 2019
Juristas (CIJ) es integrada por 60 eminentes jueces y abogados de todas las
regiones del mundo quienes promueven y protegen los derechos humanos mediante
el Estado de Derecho, reprenden a España por la sentencia del ‘procés’.
10 gestos habituales que son antiecológicos
Powered by«La condena impuesta
hoy a los líderes independentistas catalanes por una amplia definición del
delito de sedición restringe excesivamente e ilegalmente los derechos de
libertad de expresión, asamblea y asociación, dijo hoy la CIJ», indican en una
nota de prensa.
“Estas condenas representan una grave interferencia con el ejercicio de la
libertad de expresión, asociación y asamblea de los líderes catalanes. El
recurso a la ley de sedición para restringir el ejercicio de estos derechos es
innecesaria, desproporcionada e injustificable” dijo Massimo Frigo, asesor
legal senior para la CIJ en Europa y Asia Central.
La CIJ también puntualizó que la excesivamente amplia definición del delito
de sedición aplicada en este caso crea un alto riesgo de arbitrariedad.
“Nos preocupa que el Tribunal Supremo no haya tenido totalmente en cuenta
las obligaciones de España bajo el derecho internacional de los derechos
humanos en su consideración de los cargos contra estos acusados lo cual mina
seriamente sus condenas” añadió Frigo.
Nueve de los doce líderes politicos procesados – incluyendo altos cargos
del gobierno catalán – han sido condenados por sedición en conexión con su
contribución a la administración el 1 de octubre de 2017 de un referéndum sobre
la independencia de Cataluña. El referéndum se llevó acabo pese haber sido
declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
«El proceso de voto durante el referéndum fue reprimido por la fuerza en
muchas localidades por la policía, con informes creíbles de uso innecesario y desproporcionado
de la fuerza en violación de las obligaciones de España en derecho
internacional», denuncia la asociación.
“La intereferencia con la expresión y protesta política pacífica es
inacceptable, salvo en limitadas circunstancias en las que sea estrictamente
necesario y proporcionado por razones convincentes como la seguridad nacional.”
sentenció Frigo.
«España tiene obligación de proteger la libertad de expresión, incluyendo
la expresión política, bajo el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos
Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) y el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en
inglés), y la libertad de asamblea y asociación pacíficas bajo el artículo 11
de ECHR y los artículos 21 y 22 de ICCPR», señalan desde CIJ.
El Comentario General sobre libertad de expresión del Comité de Derechos
Humanos afirma que Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que
las leyes sobre traición y las disposiciones similares que se refieren a la
seguridad nacional, tanto si se califican de leyes sobre secretos de Estado o
sobre sedición, o de otra manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad
con las condiciones estrictas del párrafo 3 del artículo 19 del ICCPR, lo cual
requiere que las restricciones en la libertad de expresión estén legisladas y
que sean necesarias en base a propósito legítimo, como la seguridad nacional o
el orden público. El derecho a participar en la vida pública está protegido
bajo el artículo 25 de ICCPR.
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