La Lucha Por El Derecho A La Vivienda Digna Se Hace
Europea
El movimiento en
contra de la subida de los alquileres, que comenzó en Berlín a
mediados del pasado año, y que está exigiendo miles de expropiaciones para
solventar el problema de la vivienda en la ciudad, se extiende como una mancha
de aceite por todo el Viejo Continente. Y en algunos países, como España, el
terreno está lo suficientemente abonado para que el crecimiento de la
iniciativa sea exponencial.
El vigor y la difusión del movimiento
están demostrando que es un problema a escala europea.
Los precios de la vivienda, ya sean en venta o alquiler, suben mucho más que los salarios, lo que está dejando a
millones de europeos condenados a las infraviviendas o a tenerse que ir de las
grandes ciudades en donde tienen sus trabajos y sus vidas.
Por eso, plataformas ciudadanas de 19
países europeos se han unido y llevado a la Comisión Europea una Iniciativa
Ciudadana, exigiendo un marco jurídicos europeo que
reconozca el derecho a la vivienda digna y asequible. Y están dispuestas a
cambiar los acuerdos de Maastricht para que la Carta Europea reconozca estos
derechos ciudadanos por delante de los
empresariales.
Porque esta es la raíz del problema y el
gran cambio originado tras la crisis hipotecaria del año 2008. La vivienda ha
pasado a ser un activo financiero en
cuya explotación y gestión participan grandes empresas, como los fondos de
inversión, que han cambiado el mercado a su conveniencia, e introducido
unos conceptos de rentabilidad que no corresponden con
los debidos a un bien de primera necesidad. Y no hay que dejarse engañar por
los intereses del pequeño propietario, que los bancos y fondos, junto a Casado
y Rivera, obedientes, siempre ponen por delante.
El problema ha llegado y crecido cuando
los tenedores de viviendas se han profesionalizado y sus beneficios han
comenzado a cotizar en bolsa. Es esa
rentabilidad que necesitan y persiguen, del 6% o más, la que
ha generado la situación actual. Los números son claros, si necesitan
rentabilidades -entre renta, ayudas, exenciones y desgravaciones- superiores al
6% y los sueldos crecen un 1,5%, el conflicto tenía que estallar. Como estalla
en todos los lugares en donde el capitalismo campa a sus anchas; el crecimiento continuo por encima del 2% es imposible si
no se hace a costa de alguien, ese alguien estaba antes lejos y no le veíamos,
ahora, con la vivienda, está entre nosotros, somos nosotros.
La iniciativa ciudadana se denomina
“Housing for all y entre otros cometidos intenta pinchar la burbuja del alquiler a nivel europeo.
Para ello han comenzado a recoger firmas para llevar adelante la Iniciativa
Ciudadana, que ya ha sido aceptada por la Comisión Europea. Tienen un año para
recoger en toda la Unión el millón de firmas necesario,
objetivo que parece fácilmente alcanzable teniendo en cuenta que tan sólo en
España se recabaron más de 1.200.000 firmas para la ILP que Rajoy se encargó de
desvirtuar, ningunear y pasarse por el arco, obediente al mandato de los
bancos. Resulta claro que Europa no es el PP y
que las iniciativas ciudadanas tienen otro valor.
En el texto presentado a la Comisión se plantean cinco demandas: que no
haya límite en gasto público para vivienda; que las ayudas no sean solo para
las familias con rentas bajas; facilitar financiación pública para hacer pisos
sociales; regular la duración de los contratos; y que la vivienda figure en las
estadísticas europeas con metodologías homogéneas.
Y aunque el pistoletazo de salida ya se
ha dado, se espera que las próximas elecciones europeas sean
el vehículo más eficaz para llevar la inquietud a las instituciones y a los
partidos políticos de ámbito europeo. Y esperemos que en este entorno, la
sensibilidad sea muy distinta a la demostrada por los partidos políticos
españoles en la presente contienda electoral.
Y deberían demostrarla, porque en
nuestro país estamos a la cabeza europea de la ignominia habitacional. Los
datos, a pesar del ninguneo con que los tratan partidos políticos como el PP y
C’s, son estremecedores. Los alquileres no han parado de
subir desde 2013 mientras los salarios se mantienen. En cinco
años, las rentas han subido un 51% en Palma de Mallorca, un 45% en Barcelona y
un 28% en Valencia y Madrid. De media, los españoles destinan el 34% de su
salario al alquiler, aunque el porcentaje se dispara en comunidades como
Cataluña, donde asciende al 51% de los ingresos (en la Comunidad de Madrid y el
País Vasco es del 44%). También Cataluña lidera los desahucios por alquiler: el
año pasado hubo 8.877, una cuarta parte del total de 37.285 en España.
Y ante esta situación, las soluciones
que aportan los partidos políticos en el momento más idóneo para mostrarlas,
son mínimas y mediatizadas, no por la defensa del interés
de la mayoría del pueblo español, sino por la tendencia política de cada uno de
ellos y de los poderes económicos que los sustentan. Así, encontramos que
también aquí hay dos grandes bloques. Por un lado la izquierda, con propuestas sociales defendiendo la vivienda como
un derecho recogido en la Constitución y por el otro PP y C’s,
con propuestas tendentes a defender a los propietarios,
empresas y fondos de inversión por delante de este derecho,
saltándose la Constitución que tanto defienden, cuando colisiona con los
intereses de los bancos y fondos…siempre con las rodilleras puestas.
Los dos partidos de derechas apuestan
por la liberalización del mercado -¡cuánta ignominia detrás de esta frase!-,
con incentivos fiscales y ayudas a los propietarios que
decidan alquilar sus viviendas, como si lo hicieran gratis y hubiera que
pagarles el favor, como siempre con dinero público. Además ponen especial
énfasis en la lucha contra la ocupación, sin querer establecer diferencias
entre propietarios personas físicas y jurídicas, incluyendo las penas de cárcel para los que ocupen una vivienda. Por
su parte Ciudadanos extendería los beneficios fiscales a empresas dedicadas al
arrendamiento de viviendas protegidas. En ningún caso hablan de cárcel ni de
otras medidas contra los especuladores ni lo acaparadores de
éste bien de primera necesidad.
Por su parte el PSOE, con un enfoque que
quiere ser algo más social, pero se queda por el camino, sobre todo por
lo largoplacistas y descafeinadas que son las
soluciones que presenta, quiere fomentar la promoción y el uso de
vivienda de alquiler social, movilizando para su construcción suelo público
«que se encuentre disponible» mediante la cesión de derecho de superficie.
Podemos, mucho más concreto y directo al origen del problema,
propone intervenir el mercado del alquiler para impedir
las subidas abusivas de precios. Apuestan por «un alquiler estable y seguro».
Además, el partido morado ha declarado la guerra a los fondos buitre en
su programa electoral, en los que ve parte del problema y quiere echar del
país, al igual que existen otras iniciativas similares en países del entorno
europeo. Quieren, asimismo, blindar como derecho
fundamental en la Constitución el acceso a la vivienda. La
formación de Iglesias intentará poner coto al alquiler turístico y
al mismo tiempo se compromete a crear «un gran parque de alquiler público a
precios asequibles». En su propuesta, incrementarán en 50.000 viviendas al año
esa oferta.
Noticias del Mercado
Inmobiliario y Consumo
Por Eduardo Lizarraga
Por Eduardo Lizarraga
El caso Bankia se cerrará
sin culpables y con beneficios para la banca
Decía Otto Von Bismarck, «España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido.» Y a tenor de nuestro comportamiento, podría también decirse que somos el más rico, Bankia y sus fieles nos han robado 22.424 millones en ayudas públicas y tal cual van las cosas no volverá el dinero, ni se condenará a los culpables. Como en Fuenteovejuna habrán sido nadie y todos a una.
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