41 SK ECONOMIA DE GUINDOS PREPARA ABUSO BANCARIO
LIZARRAGA
De Guindos Prepara Una Ley Para Legitimar El Abuso
Bancario
La reforma
hipotecaria que plantea Luis de Guindos cuenta con la oposición de todas las
asociaciones de consumidores. En el caso de ADICAE va a iniciar una serie de
encuentros y reuniones en toda España durante el mes de noviembre para dar a
conocer a la opinión pública el intento de legitimación del
abuso bancario que constituye el Proyecto de Ley de Crédito
Inmobiliario del ministro de Economía.
La iniciativa
del Ministerio de Economía, muy decantada hacia los intereses bancarios, no
solo no resuelve sino que profundiza en los abusos en
desahucios, clausulas suelo, gastos de formalización de hipotecas y
vencimiento anticipado, entre otros.
Cientos de
miles de consumidores han sido afectados por las practicas abusivas de las
entidades bancarias. Los créditos hipotecarios han sido los protagonistas de la
crisis que ha experimentado España en los últimos años y ha evidenciado
la urgente necesidad de una reforma de la ley hipotecaria que
proteja a los consumidores.
Sin embargo,
el ministro De Guindos pretende aprovechar la tardía
transposición de la Directiva 2014/17/UE (que lleva un retraso de 18 meses)
para, bajo la falsa excusa de un supuesto aumento de la
“transparencia”, establecer una serie de medidas y fórmulas que dejan a
los hipotecados “a los pies de los caballos” frente aprácticas
abusivas que se vienen reiterando en los últimos
años, y que han sido declaradas como tal por los juzgados españoles, el
Tribunal Supremo, y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta
forma, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros se convierte en
una nueva muestra de connivencia del gobierno con el sector bancario.
A modo de
ejemplo, la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros (que deberá ser debatida en el
Congreso), pretende modificar todos los contratos de préstamo hipotecario
en vigor, sustituyendo cláusulas declaradas nulas ya y que por tanto no pueden
ser aplicadas, por nuevas fórmulas a la medida del sector bancario,
como en el caso del vencimiento anticipado. Algo que, como empeño que es en
negar la normativa comunitaria ya clarificada por la UE en relación a los
efectos de la declaración de abusividad de cláusulas, con gran probabilidad originaría tarde o temprano
un nuevo pronunciamiento del TJUE contra el Estado Español.
ADICAE
pretende impulsar una norma realmente efectiva para el consumidor y evitar
que se convierta, como sucede con el proyecto del ministro de Economía, en una
nueva herramienta de protección, privilegio y
justificación del abuso de la propia banca.
A juicio de
la asociación es imprescindible, tras el
contraste que en materia de abusos y derechos de los consumidores y los
hipotecados ha puesto de manifiesto la crisis, aprovechar
esta transposición de la norma europea en nuestro ordenamiento
jurídico para profundizar en la protección de los consumidores
hipotecados.
La asociación califica el proyecto
de De Guindo como un ataque a los consumidores y los hipotecados y una muestra
de sumisión a los intereses de la industria financiera, así como el impulso a
propuestas para una verdadera reforma de la legislación hipotecaria que afronte
los problemas ante los que los sucesivos “parches” de De Guindos desde 2012 se
han mostrado ineficaces y desenfocados.
Al respecto, algunas de las
principales valoraciones y propuestas de ADICAE a lo contemplado en el
Proyecto de Ley son las siguientes:
1. El
proyecto sigue permitiendo la inclusión de cláusulas suelo con
la referencia a la mención de las “limitaciones a la baja a la variación del
tipo de interés”, en contra y a pesar de las numerosas sentencias que han
declarado nula esta cláusula que ahora se pretende legitimar con
esta regulación.
2. En
relación al papel de los notarios y la supuesta comprobación
por su parte del cumplimiento del principio de transparencia material, no puede
sino destacarse que en modo alguno los notarios puedan desarrollar una labor de
análisis del nivel de comprensión de los prestatarios de los términos de la
operación.
3. La
cuestión del vencimiento anticipado, práctica ya
reputada como nula por el Supremo en las condiciones más habitualmente
incluidas en millones de hipotecas, y de forma añadida al inaceptable carácter
retroactivo que el proyecto pretende para la nueva fórmula elegida por
Economía, ADICAE destaca que los porcentajes expresados como requisitos para la
pérdida del derecho al plazo, son insignificantes, por lo que la asociación
propuso y propone un aumento de los mismos.
4. En pro de
una transparencia eficaz y con efectividad real, se propone la inscripción de los formularios de condiciones generales en el
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, toda vez que
la comunicación pública de este contenido aumenta la buena fe y la
transparencia efectiva.
5. La
cuestión de la atribución de los gastos de formalización de la hipoteca es abordada en el Proyecto de Ley desde la
perspectiva exclusiva de resolver los problemas que afrontan a día de hoy las
entidades tras la declaración como nula y abusiva por el Tribunal Supremo de la
cláusula que imputa de forma genérica “todos los gastos” al consumidor,
Frente a este inaceptable enfoque, ADICAE propone especificar que, de acuerdo a
la realidad de la operación de constitución del préstamo, se clarifique qué
gastos corresponden al prestamista, imputando al mismo aquellos de registro,
notaría, gestoría e impuesto que responden a la constitución de la garantía
hipotecaria, de la que es beneficiario exclusivo el
banco.
6. Avanzar en
una tutela preventiva real de los derechos de los consumidores y usuarios es otra necesidad patente, traducida
en:
a) Potenciar el papel de los notarios y
los registradores en la prevención y control de la transparencia.
b) Revisión del Registro de Condiciones
Generales de la Contratación, poniendo en marcha la posibilidad ya prevista de
obligar a las empresas a depositar en este registro sus contratos tipo y sus
clausurados para ponerlos a disposición de cualquier ciudadano y de las
asociaciones de consumidores.
c) Creación de una comisión de cláusulas
abusivas, como ya ocurre en países como Francia o Bélgica, con representación
paritaria de todas las partes interesadas (empresas y consumidores).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada