El juicio de España a los
catalanes ha empezado
- 2 Marzo, 2019
En febrero de 2019 ha empezado el juicio a
los representantes de la voz catalana que defendió, el 1 de octubre de 2017, el
derecho a votar su libre determinación. Lo defendieron votando, y España envió
allí al cuerpo policial para impedirlo. Ahora, tras unos meses de censura y
persecución mediática y judicial, empieza el juicio con los representantes
civiles y políticos entre rejas y el cuerpo policial condecorado, bajo la tutela
de Su Majestad el Rey Borbón. Este texto denuncia la imparcialidad del proceso
judicial, ahonda en sus causas históricas y alerta de los desafíos que conlleva
no darle solución.
Estas palabras van dirigidas a la atención del orden internacional, en
especial de América Latina, con la mirada puesta en Europa y sus desafíos
históricos. El asunto es el juicio a los representantes del pueblo catalán, que
desea expresar su libre autodeterminación ante una España que no le otorga este
derecho. El motivo de este llamamiento es la falta de imparcialidad del
proceso, la ausencia de un arbitrio internacional, y su impacto global.
El juicio se ha iniciado el mes de febrero de 2019, y el sistema judicial
español actúa como juez y parte defendiendo la unidad de España. El aparato
mediático estatal ha sentenciado el caso catalán ante la opinión colectiva,
antes de empezar el juicio, y la sentencia es clara: son culpables.
Paralelamente, se evita la difusión del juicio para contener la capacidad
crítica de la comunidad española e internacional y, sobre todo, para silenciar
la voz catalana que cuestiona a la sentencia mediática y judicial preconcebida.
De este modo, se silencia, también, a la voz de las gentes y/o pueblos que
cuestionan al orden establecido y se organizan para defender su libre
expresión.
Los catalanes, resultado del rechazo de España a su ofrecimiento para
formar parte de ella, con el estatus de nación, han instado a sus
representantes culturales, civiles y políticos, a ejercer su derecho a la libre
determinación, como pueblo. Y se han organizado colectivamente para realizar un
referéndum de autodeterminación. Desean saber cómo quieren gobernarse, tras
cuestionar la autoridad de un estado español que se niega a aceptar la
singularidad nacional catalana y ejerce instrumentos de dominación sobre ella.
Las causas de esta determinación popular son históricas. Es incuestionable la
opresión que los estados francés y español han ejercido sobre el territorio de
influencia catalana, que entronca con la región de Occitania, del mismo modo
que es incuestionable el borrado de su historia común. Occitania y el
principado de Cataluña, junto con el resto de los reinos catalanes (Valencia y
Mallorca), así como el condado del Rosellón, son una entidad de origen medieval
que, resultado de un pulso político y religioso, ha sido objeto de descrédito,
persecución y opresión. Este desafío cultural ha ido acompañado del
desmantelamiento de la autoridad de Aviñón, de la Orden de San Juan y del
pueblo judío en estas tierras, así como de las autoridades cátara y
protestante, bajo el brazo católico inquisitorial, en las mismas tierras desde
las cuales se expandió el modelo monástico benedictino por toda Europa
Occidental (Aniana, junto a Aviñón y Montpellier), hará ya más de 1000 años.
Los reinos catalanes han mantenido su
autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio
del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto
Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana
imponiendo el absolutismo castellano
Pero, pese a todo ello, los reinos catalanes han mantenido su autoridad
nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio del siglo
XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón,
inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo el
absolutismo castellano. Este desmantelamiento es el resultado de una guerra
dinástica internacional para el control de Europa, en la que los ingleses, los
holandeses, los austríacos, los portugueses y los poderes de los Saboya
acuerdan con los borbones el reparto de sus tierras y de los derechos del
proyecto colonial. Con el Tratado de Utrecht, de 1713, que pone fin a esta
guerra, se traza el destino de los catalanes, que son abandonados a la suerte
del derecho de conquista, y el conflicto continúa en una contienda desigual
entre catalanes y borbónicos, hasta que son derrotados. Desde entonces, los
catalanes defienden sus privilegios y libertades labrados a lo largo de los
siglos gracias a un sistema parlamentario altamente institucionalizado, que son
los derechos originarios de todo pueblo genuino. En su lugar, en toda España se
impone una institución intrusa sin vocación parlamentaria, bajo el modelo
castellano e inquisitorial, que la historiografía oficial se empeña en
dignificar por activa y por pasiva.
En conjunto, se trata de un episodio que Europa ha tendido a descuidar, en
el largo y doloroso proceso de formulación de sus estados, y de su difícil
convivencia. Por lo general, con el paso del tiempo se ha normalizado un orden
político, económico y sociocultural, como ha ocurrido en Francia. Pero en el
caso de España este proceso todavía no se ha materializado.
Resultado de la castellanización forzada
del conjunto de las naciones de la región de España, España se niega a
reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a
Europa
Resultado de la castellanización forzada del conjunto de las naciones de la
región de España, que se inicia en el siglo XVI, que se acelera en el siglo
XVIII, y se ha mantenido hasta la constitución española de 1978, España se
niega a reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le
ocurre a Europa. Por razones políticas, económicas, religiosas y culturales,
España y el orden europeo son coautores del desmantelamiento de la identidad
nacional catalana. Lo fueron en el siglo XVIII, pero también en el siglo XX.
Con el nacimiento de las Naciones Unidas, Europa no reconoció la singularidad
del proceso colonial castellano, y España implementó la censura y la represión
en defensa de su identidad castellana, a costa del resto de nacionalidades.
Cataluña y el republicanismo español quedaron a merced del gobierno fascista
franquista, quien ejerció una profunda represión con docenas de miles de
víctimas que todavía nadie ha podido dignificar, ni juzgar. El franquismo
terminó, pero la democracia empezó con la prohibición de juzgar al franquismo,
de modo que se mantuvo en el poder. Se impuso la Ley de amnistía de 1977, y
Europa no lo impidió. España aplazó de este modo su correcta reconciliación.
Como resultado, se ha creado una situación anómala en su convivencia. Otras
entidades plurinacionales, como el Reino Unido, Bélgica o Suiza, a lo largo de
los siglos diecinueve y veinte han tendido a aprender a convivir, respetándose
mutuamente. España ha hecho pasos adelante hacia su conciliación, en el último
cuarto del siglo XX, pero este proceso ha sido insuficiente. Empezó
condicionado por el interés de Europa en abrir sus fronteras a España, sin
consenso, sin un debate y al margen de la castellanidad, y ha iniciado un
retroceso. Esta situación, en el caso de Cataluña, se ha agravado debido a la
cuestionable administración estatal de los derechos históricos y culturales de
los catalanes, así como de una incuestionable fiscalización política y
económica de Cataluña, Valencia y Mallorca.
En este contexto, los representantes civiles y políticos catalanes, con el
apoyo cultural e intelectual de la catalanidad, han apoyado la voluntad del
pueblo catalán. Ellos son los representantes de un pueblo unido que defiende
sus derechos fundamentales, a quien se deben. Todos ellos desean expresar su
opinión y mostrar su determinación a expresarse como nación, en un orden
internacional justo, en el que no haya desigualdades impuestas entre las
naciones y exista el derecho al reconocimiento mutuo, para el bien común.
Se trata de un desafío a una españolidad
castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no
respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto
de naciones, con total impunidad
No se trata de un desafío a la castellanidad en Cataluña. Se trata de un
desafío a una españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como
parte de su identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la
fobia y la represión al resto de naciones, con total impunidad. El catalán está
prohibido en las cortes de España y en el ejército español, y está ampliamente
rechazado en el sistema judicial de índole estatal. Las consecuencias de esta
situación transcienden a un pulso por una identidad cultural, y forman parte de
la aplicación de un derecho de ocupación histórico de carácter militar,
político e institucional, dirigido en su origen por su majestad Felipe V de
Borbón, en los inicios del siglo XVIII, que tiene su fundamento internacional
en el Tratado de Utrecht.
Ante este escenario, el pueblo catalán participó activamente del proceso de
implementación del sistema democrático y social en España, iniciado desde la
muerte del dictador Francisco Franco y tutelado por Europa. El balance fue,
inicialmente, aparentemente positivo. Pero en el momento en que la catalanidad
recuperó su dignidad, en el inicio de la década de los 2000, fue objeto de
recelo. Cataluña ofreció normalizar el proceso de recuperación de su identidad
y sus derechos a España, pero ésta se la negó. En su lugar, España empezó una
campaña judicial contra la normalización de la catalanidad. Resultado de ello,
la catalanidad se reorganizó decidida y pacíficamente para defender sus
derechos. Pidió ejercer su voz, su derecho a opinar. Pero ante la reiterada
negación de España y el renacimiento de la hostilidad anticatalana, mostró su
autoridad y se organizó con fondos y recursos propios, para votar un referéndum
el día uno de octubre de 2017. Y votó, pese a una lamentable represión
policial, derivada de la ausencia de carácter dialogante de la autoridad
castellana. El resultado fue concluyente. Existe una mayoría de catalanes que
desean dejar de formar parte de España, que es superior a la de los catalanes
que desean seguir formando parte de ella. La españolidad castellana, lejos de
abrirse al diálogo, optó por acentuar la represión, imponiendo la censura
mediática y atentando contra la libertad de expresión, mientras iniciaba un
proceso de judicialización sin precedentes. El orden policial, jurídico y
político catalán fue intervenido. Todos aquellos que no representaban al orden
español fueron retirados de sus cargos. En algunos casos, ajusticiados, del
mismo modo que se inició el enjuiciamiento a la voz cultural y periodística.
Tanto el gobierno español como su sistema judicial, con el apoyo de su
majestad el rey y la connivencia del ejército y la conferencia episcopal española,
así como del poder económico instrumentalizado en la política, con el control
casi absoluto de los medios de comunicación, se han opuesto a dar voz a los
catalanes. En su lugar, todos ellos han creado el imaginario de unos líderes
catalanes que han generado alboroto popular, y que actúan en contra de la ley,
sin atender a los derechos fundamentales del orden internacional acordado en la
Carta de las naciones unidas. La españolidad castellana, que gobierna con el
brazo militar y judicial a España desde hace tres siglos, ha transformado a los
representantes catalanes en los líderes de un motín, y los ha amenazado,
perseguido, enjuiciado y enviado a prisión. Desde el mes de febrero del año
2019, ha iniciado un juicio contra ellos. Los acusa de organización criminal,
rebelión, sedición y malversación de los fondos públicos. Y nadie acusa, a la
españolidad, de atentar contra el pueblo y la nación a quienes ellos
representan: Cataluña.
Europa ha pedido una solución dialogada,
pero España pide penas de 12 a 74 años de cárcel contra los representantes
democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso
imaginario de un liderazgo populista e ilegal
Ante la ausencia de un orden internacional legitimado, conocedor de la
verdadera historia de los catalanes, que defienda los derechos de los pueblos a
la libre determinación, Europa ha optado por pedir a España una solución
dialogada. En su lugar, sin embargo, España ha decidido juzgar a quienes
considera los líderes de una rebelión, organizados como una banda criminal.
Pide penas de 12 a 74 años de cárcel, contra los representantes democráticos y
civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso imaginario de un
liderazgo populista e ilegal, negando todo ápice de diálogo y creando un juicio
a priori que ya incluye la sentencia. Paralelamente, en España se ha recuperado
la voz neofascista, y la anticatalanidad se ha agravado, así como la del propio
sistema democrático. Se ha reavivado el desmantelamiento de los pocos derechos
culturales y lingüísticos de la catalanidad en Cataluña, tal y como se ha
acelerado en las últimas dos décadas en Mallorca y Valencia. El pulso cultural
es ahora judicial, faltando a la verdad histórica y a los derechos
fundamentales de todos los pueblos.
La causa catalana no es solamente una legítima causa social, cultural y
nacional. Es también una causa europea, por un orden internacional más justo y
equitativo. Pero es, de hecho, una causa global, en un punto crítico de la
historia de la humanidad en el que la democracia se pone en duda, también en
Europa.
Europa ha conseguido sobreponerse a su propia competencia interna,
liderando en el siglo veintiuno las voces de la democracia, la equidad social y
la sustentabilidad ambiental, en un proceso en el que también han participado,
activamente, los catalanes. En este proceso, sin embargo, Europa ha sacrificado
varias culturas, internas y externas a su ámbito continental. En este sentido,
atender el asunto catalán es una cuestión pendiente. Cataluña es la nación
histórica europea con más vigor sin ser reconocida como tal. La España
castellana es responsable de ello, pero también lo es el orden internacional
europeo.
Dar voz a los catalanes no es un delito,
el delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin
atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya
convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo
En el caso de que Europa permita dar continuidad al juicio contra la causa
catalana, será un paso a atrás que tendrá consecuencias en la conciencia
colectiva. Dar voz a los catalanes, en una Unión Europea democrática, económica
y social, no es un delito. El delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder
la impunidad a España sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos
del mundo, cuya convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo.
Por encima de todo, existe el derecho de los pueblos a tener representantes
políticos y civiles, sin cuya autoridad se ahoga la voz de la libertad, de la
democracia y de los derechos sociales. Permitir este juicio y la condena o
represión a la catalanidad, en el seno de la Unión Europea, tendrá
consecuencias por el carácter antisocial del mismo. Pero, sobre todo, tendrá
consecuencias por el hecho de tratarse de una seria amenaza para quienes
representan a la democracia y la libertad necesarias para una confederación
global de los pueblos. Sin esta confederación global, en la que todos los
pueblos tengan voz a través de sus representantes, no será posible garantizar
la paz universal ni afrontar los desafíos económicos, sociales y ecológicos que
la humanidad debe atender.
(*) Andreu Marfull Pujadas, Profesor en Planificación y Geografía Urbana a
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
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