Tirón de orejas en la ONU a España por la 'ley mordaza' y sus políticas
migratorias
Este miércoles España ha comparecido en el Examen Periódico Universal en
las Naciones Unidas. El representante del Estado español ha negado las
devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla y ha reconocido que
la Ley de Seguridad Ciudadana está siendo objeto de análisis por el nuevo
Gobierno.
Solicitantes de asilo que esperan un recurso de acogida frente a las
puertas del Samur Social de Madrid. EFE/Javier Lizón
MADRID
ALEJANDRO TORRÚS
Mejorar la atención a los migrantes, garantizar su derecho a solicitar
asilo, no practicar las conocidas como devoluciones en caliente, continuar luchando contra la
violencia machista, actuar de manera tajante para poner fin a la trata con
fines sexuales y poner freno a las restricciones a la libertad de
expresión y de reunión introducidas por la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana,
más conocida como 'mordaza'.
Estas han sido las principales recomendaciones que han realizado a España
más de 100 países en el Examen Periódico Universal (EPU),
un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos la ONU que, cada cinco
años, evalúa la situación de los diferentes Estados para comprobar si están
cumpliendo con sus obligaciones en Derechos Humanos.
"Creo que la gran protagonista de este EPU ha sido la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
La Ley no estaba aprobada hace cinco años y este año ha centrado muchas de las
críticas. El resto de temas se han mantenido, más o menos, respeto al examen de
hace cinco años: inmigración, violencia de género y necesidad de investigar
excesos policiales ", ha señalado a Público Ignacio Jovtis, investigador de Amnistia Internacional presente en la
sede de Naciones Unidas en Ginebra este miércoles.
ALEJANDRO TORRÚS
Sobre el asunto de 'la ley mordaza' ha llamado la atención las
explicaciones que ha facilitado el representante del Estado español, el
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela,
que ha asegurado que la conocida como ley mordaza, aprobada por el PP y que
ahora el propio Gobierno de coalición, "no restringe la
libertad de expresión" y "busca salvaguardar el
derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico".
En este sentido, el representante español también ha rechazado que España
realice "devoluciones en caliente" de migrantes en la frontera y ha
negado tajantemente que se produzcan identificaciones policiales basadas en
perfiles étnicos y raciales.
Fernando Martín-Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.-
EFE
La ley mordaza: tema
estrella
Así, los Estados examinadores han recomendado a España acabar con las
deportaciones en caliente; establecer medidas y protocolos de protección
para menores no acompañados, personas migrantes y
solicitantes de asilo; así como ratificar el tratado sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares. También han incidido
en la necesidad de tomar medidas efectivas contra la violencia de género y acabar con la trata con fines de explotación laboral y sexual.
ALEJANDRO TORRÚS
Ha sido recurrentes también las recomendaciones a España para garantizar
que todas las denuncias de tortura o malos tratos por
parte de las fuerzas de seguridad se sometan a investigación real y efectiva;
a tipificar el delito de tortura de acuerdo a la
Convención contra la tortura; y la preocupación de varios países por controles policiales
de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.
Bélgica ha pedido a España revisar el contenido del delito de
"injurias a la Corona"
No obstante, tal y como ha señalado Jovtis, la gran novedad ha sido la Ley
de Seguridad Ciudadana y la necesidad de que España proteja más y mejor la
libertad de expresión y el derecho de reunión.
A este punto se han referido países como Estados Unidos, Italia, Suiza,
Alemania o Reino Unido. También Bélgica ha pedido a España revisar el
contenido del delito de "injurias a la Corona" y
Rusia ha recomendado una "investigación independiente y eficaz sobre todos
los casos de intervenciones ilícitas en manos de las fuerzas de la orden".
"Me ha parecido muy destacable las distintas referencias de los
Estados a la necesidad de adecuar las leyes españolas que afectan a la libertad
de expresión conforme a la legislación y marco del derecho internacional. Ahora
hay que esperar a que España acepte las recomendaciones y cumpla. Cabe recordar
que en la anterior sesión se comprometió a la despenalización de las injurias
y calumnias y eso no se ha cumplido del todo. Son deberes
incumplidos", ha señalado a Público Joan Barata, jurista miembro de la PDL (Plataforma en Defensa
de la Libertad de Infrmación) y experto en libertad de expresión y
derecho internacional.
ALEJANDRO TORRÚS
Probablemente la intervención que mejor resume el espíritu de las
recomendaciones que ha recibido España ha sido la de Suiza. El país helvético
ha celebrado los avances del Estado español en la lucha
contra la violencia machista y en la igualdad de género a la
misma vez que ha pedido que se garantice el pleno respeto de los derechos de
los migrantes y solicitantes de asilo y ha instado a las autoridades a no
practicar las conocidas como devoluciones en caliente.
Argentina ha solicitado a España que adopte medidas legislativas para
tipificar en el Código Penal el delito de desaparición forzada
Asimismo, Suiza ha mostrado su preocupación por "las restricciones a
la libertad de expresión y reunión pacífica", ha recomendado la
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y, por último, ha recordado a las
autoridades españolas la necesidad de dar verdad, justicia y reparación a
las víctimas del franquismo.
En este sentido, Argentina también ha solicitado a España que adopte
medidas legislativas para tipificar en el Código Penal el delito de desaparición forzada y como indica la
legislación internacional. Asimismo, Argentina y otros países han pedido a
España que adopte medidas para prevenir el conocido como discurso de
odio.
Venezuela recomienda
diálogo con Catalunya
Se esperaba, tanto por los informes previos elevados al Consejo por la sociedad
civil y los organismos de Naciones Unidas como
por algunas de las preguntas previas que habían sido formuladas, que en este
examen de Derechos Humanos pudiera cobrar protagonismo el conflicto en Catalunya y las cargas policiales del
1-O. Sin embargo, no ha sido así.
Los países han puesto el foco en temas más generales como la necesidad de
investigar los excesos policiales o los problemas en libertad de expresión sin
nombrar en ningún caso el conflicto en Catalunya. De hecho, Venezuela ha sido
el único país que ha recomendado a España iniciar "un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus
instituciones".
Sin espacio para
derechos económicos
Otro de los grandes temas ausentes ha sido el de los derechos sociales,
económicos y culturales. En este sentido, también se esperaba que los diferentes
Estados pudieran ser más críticos respecto al Estado español en relación al
derecho a la vivienda, desahucios y medidas para acceder al alquiler. No
obstante, Argelia ha sido uno de los
pocos países que han emplazado a España a mejorar las condiciones de acceso a
la vivienda de la población.
"Se ha puesto mucho énfasis en migraciones, lo cual era necesario,
pero también hemos echado de menos un poco más de desarrollo en los derechos
económicos", señala Público Karlos Castilla, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, que también ha
asistido al EPU. De hecho, Castilla ha señalado que en esta sesión también se
ha percibido "una manera más relajada" de dirigirse a España respecto
a 2015. "Entiendo que se debe a que hay un nuevo Gobierno y que quieren
dar un margen para no abrir espacios de discordia tan pronto",
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