La Sentencia Condenatoria A Botella No Fue Una
Inocentada
En un largo
procedimiento que aún no ha terminado, pues ambas partes, condenados y Ayuntamiento de Madrid, ya han anunciado sendos
recursos, aparte de la vía penal que puede activarse, el Tribunal de Cuentas ha condenado a la
exalcaldesa Ana Botella y a otros siete
altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860
viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por un precio inferior al
de mercado y otras irregularidades.
Todo comenzó
cuando en el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo
a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y
banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y
bancos podrían hacer, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato.
No hubieran podido realizar los buenos negocios que hicieron si la legislación
española no hubiera estado hecha a la medida de sus necesidades.
Llegaron y se
especializaron en campos distintos, suelo, edificios singulares, centros
comerciales, oficinas, activos industriales y residenciales. Pero no sólo
tenían la legislación española a favor de sus operaciones, sino que el partido
gobernante en aquel momento, el Partido Popular, enemigo de todo lo público y amigo de comisiones, estaba
desmantelando y vendiendo a pedazos la Sanidad, la Educación, el Mercado
laboral… ¿por qué no también la vivienda social o los edificios públicos?
Buscaron socios en el PP, los hallaron entre sus élites, y
se pusieron a trabajar.
Entre los
fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por
la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la
que ha obtenido sus beneficios, y porque fue el malo necesario para la
operación que hizo Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Hay que decir
que de todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo.
Sólo en el mercado inmobiliario gestiona
64.000 millones en activos. Desde su llegada a España realizó una serie
de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale
la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS)
a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas, construidas con
dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por
vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.
La operación
se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMVS hubiera estudiado otras cuatro ofertas
recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una
cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas,
se realizara en poco más de quince días.
Una vez
seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que de resultas de la “ardua
negociación municipal” obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros,
algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso por la
propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569
trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros, casi la
mitad de su precio de mercado. En su momento se supo, que además del descuento
suplementario de los dos millones, el fondo obtuvo una propinilla en
la compra, ya que el equipo de Botella regaló
a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once
trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.
En su
momento, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estimó
que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de
valoración, para fijar el valor de mercado que
tendrían los inmuebles.
Tras la
llegada de Manuela Carmena al Palacio de
Correos, Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados por la situación económica
del consistorio madrileño, y por el incesante trabajo de las destructoras de
papel antes de que llegaran al ayuntamiento, abogaron por la creación de una
Comisión de investigación de la Deuda de la capital, que fue aprobada a finales
de marzo de 2015, con el voto a favor de Ciudadanos. Se formó con cuatro
representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que
correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de
nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que
pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.
A pesar de
los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afecta a la mujer de su
querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre,
con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de
la EMVS respetó las normas internas de contratación,
ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni
justificó en ningún momento por qué pagó, dos facturas por idéntica cantidad,
1.196.387.50 euros, el 10 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014 en
concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación, Itaca de Desarrollos Urbanos SL y Promociones y Desarrollos
Creaciona SL, capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre
Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza
Aguirre y de la que no hay constancia de ninguna gestión
realizada.
Y que no sólo
la venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el
proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios,
compuestos en su mayoría por jubilados, pensionistas, y parados, sino que
además supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid valorado
por el Tribunal de Cuentas en 25,7 millones de euros, que podría
ampliarse a los 161 millones si el recurso del consistorio madrileño prospera.
La durísima
sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este
27 de diciembre y que sigue la misma línea del informe de la Cámara de Cuentas de hace dos años, no solo
da por hecho que la operación fue ilegal por el precio al que se vendieron los
pisos, dando “ lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”,
también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente
y por las que condena a Ana Botella y a
ocho miembros de su equipo: el fondo Blackstone tuvo
información privilegiada, el Ayuntamiento no abrió un procedimiento con
publicidad para que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los
inmuebles que vendió. Todo se hizo a mayor beneficio del fondo buitre.
Para atender
a las responsabilidades patrimoniales que podrían derivarse de la demanda
admitida a trámite, todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno,
comenzando por Concepción Dancausa, pidieron al director
general de Organización, Régimen Jurídico y Formación del Consistorio que fuera
el propio Ayuntamiento, a través de la póliza de seguro de
Responsabilidad Civil que tiene suscrita, el que se hiciera
cargo, tanto de las fianzas derivadas del proceso, como de sus defensas
jurídicas. Pero la aseguradora –Zurich Service A.I.E–
se negó, porque la cobertura para la responsabilidad contable que está
siendo exigida por el Tribunal de Cuentas no
entraba en la cobertura contratada.
La sentencia
condenatoria del Tribunal de Cuentas que implica al equipo de Ana Botella fue por la enajenación de 18
promociones completas de viviendas protegidas (1.860), de sus elementos
vinculados y de otros inmuebles no vinculados al fondo buitre Blackstone
-mediante su filial Fidere– por 128,5 millones
de euros. Aunque, según informes periciales, su precio de mercado era de 249, 2
millones. Una diferencia que produjo un daño a las arcas
municipales, pues al ser los fondos de la EMVS fondos públicos, el daño causado sobre ellos afecta también a las
cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la
vinculación que existe entre el patrimonio de ambos.
Los
condenados son Ana Botella y su equipo de
Gobierno: Concepción Dancausa –anterior delegada del
Gobierno y antes concejal de Economía y Hacienda-, José Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz
González García, María Dolores Navarro Ruíz y Pedro Corral. Se
les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno)
porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la
junta de accionistas de la EMVS”. Todos son condenados a responder
solidariamente por un perjuicio contable de más de 22 millones de euros
ocasionados a las arcas municipales en esa operación inmobiliaria. Es decir,
tendrán que abonar el dinero de su bolsillo, salvo que se
anule esta sentencia. A Fermín Oslé, antiguo
responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros
tres millones.
Conocida la
sentencia, la notificación de recursos a la misma ha sido inmediata, también la
apertura de nuevos procedimientos. Así, la presidenta de la EMVS y alcaldesa de
Madrid en funciones, Marta Higueras,
anunció que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de la
venta de las viviendas sociales al fondo buitre, así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya
que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25,7 sino en 127 millones. Tampoco hay que
olvidar la vía penal abierta por el PSOE y
en la que el ayuntamiento está personado. Fue cerrada en su día por la
Audiencia de Madrid, pero se reabrió con el primer informe de la Cámara de
Cuentas. La sentencia del Tribunal de Cuentas y las irregularidades que desvela
se aportarán en el procedimiento penal.
Por su parte,
el Partido Popular, erigido en defensor y
portavoz de los condenados, ha manifestado que “la sentencia del Tribunal de
Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid”. También los propios condenados
han esgrimido que no intervinieron en la operación de compraventa y que se
limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa
municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el
consejo de administración.
Los
inquilinos, grandes perjudicados por Botella y sus cómplices en
la operación de compraventa y que han visto subidas de hasta el 43% en los
contratos de alquiler y una duración máxima de tres años frente a los diez que
tenían con la EMVS, han manifestado su satisfacción con la sentencia, aunque
saben que el procedimiento todavía será largo. En el camino ya hay desahucios,
desesperación y algún suicidio.
Lo peor que
destiló la sentencia condenatoria a Botella y sus cómplices,
fue la incredulidad del país hacia la Justicia, que la convirtió en la inocentada del día. Lo mejor, el camino abierto para
acabar con la impunidad de los cargos políticos, que utilizan
el dinero y los bienes públicos como si fueran propios, no parando ante los
derechos de las personas, como es el de la vivienda digna. Y la pregunta que
nos queda en el aire: ¿serán los Aznar-Botella un
matrimonio católico “comme il faut” o uno de esos de nuevo pelaje que no
respetan nuestras tradiciones?. Lo digo por los gananciales y todo eso.
Eduardo Lizarraga
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