39 SK OPINIO DEL
FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM
El fiscal i magistrat emérit del Tribunal Suprem Antonio
Martín Pallín,
Opina respecte al que està pasant a Catalunya:
Parece un Fuenteovejuna al revés.
A mí lo que me preocupa és que en todo este proceso se và
a producir un daño irreversible, no solo a la convivencia entre Cataluña y los
que no vivimos en Cataluña.
El Estado de derecho va a salir muy mal parado.
A mí me gustaría, si és posible, llamar la atención sobre
el lenguaje.
En primer lugar sé està hablando continuamente de
referéndum ilegal, lo cual no és cierto, por que no és así.
El Tribunal Constitucional , no declara ilegal ninguna ley, la declara
constitucional o inconstitucional.
Había un delito de convocatoria de referéndum ilegal,
pero eso no existe.
Luego la ley de referéndum y la ley de transitoriedad en
este momento tienen sospechas de inconstitucionalidad, porque lo que se ha
producido és simplemente suspensión cautelar, no hay una sentencia que diga que
son inconstitucionales.
A partir de ahí se hizo una manipulación burda en el año
2015, yo creo que pensando ya en lo que iba a pasar estos días, y se concede al
Tribunal Constitucional una facultat insólita
en el derecho comparado, que és el
tener facultat sancionadora o de dar órdenes, y entonces entramos en el
delito de desobediencia.
Pero claro, el derecho penal tiene sus reglas, y si lo
quieren aplicar és responsabilidad de
los que lo ponen en marcha, pero las reglas del derecho penal es que los
delitos tienen que responder a la lesión de un bien jurídico, és decir; el
delito de desobediencia si no cambia en el código penal, y no les va a dar
tiempo de aquí al 1-10-17, son delitos contra la administración pública.
Son delitos de funcionarios.
Por tanto: No se ha cometido delito de desobediencia, por
que solo existe delito contra la administración pública, y que yo sepa el
Tribunal Constitucional no és administración pública, eso por un lado, y por
otro lado, las querellas contra las mesas o componentes de los Parlamentos
afectan a los grupos parlamentarios.
El fiscal ha rectificado su error que tuvo, porque hay 7
alcaldes que son parlamentarios autonómicos, por lo que la inmunidad les
proteje.
En fin, un disparate jurídico en cadena que viene a
deteriorar el Estado de Derecho.
Hasta el propio Rajoy reconoce que és un problema
político, pero por favor, que no manoseen i dejen en paz al Derecho Penal.
Insisto en que no hay desobediencia, por que en todo
caso sería un delito contra las altas
instituciones del estado, entre las cuales está la sedición.
Tampoco hay malversación de caudales públicos.
El disparate de manipulación del derecho ha sido tal, que
en el 2015 tambien pensando en lo que iba a pasar ahora, se modifica el Código
Penal, y lo que antes llamábamos la malversación propia, que és una figura muy
peligrosa, se castigaba con pena de multa y suspensión, nada de inhabilitación.
Pués ahora en virtud de esta reforma que és
inconstitucional porque vulnera el principio de proporcionalidad y de
legalidad, se castiga hasta con 8 años de prisión.
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