43 EL TEMPS I L’ENERGÍA
Beneficios Y Sueldos Manchados De Muerte
El temporal
que ha estado azotando España durante casi dos semanas se retira hacia el este,
dejándonos hermosas estampas de paisajes nevados con registros gélidos en casi
todas las provincias españolas. Y también nos deja unos cuantos muertos y millones de personas ateridas,
que no han podido mantener sus viviendas a la temperatura recomendada por la
OMS, es decir, entre 22 y 24 grados centígrados.
Se calcula
que unos 4,5 millones de personas en España están afectadas por la pobreza energética, es decir, que no
pueden hacer frente a las facturas de luz, calefacción o agua caliente y están,
por lo tanto, condenadas a pasar frío y penalidades en invierno. Son demasiadas
personas para un país que vivió el sueño de situarse entre los más
desarrollados del mundo.
La asociación de consumidores
Facua ya denunció hace unas semanas el escandaloso incremento de la
factura de la luz que ha coincidido, como tiene por costumbre, con los mayores
descensos de las temperaturas.
La factura de
la luz del usuario medio ha subido un desproporcionado
10,8% en 2017 con respecto a los doce meses del año anterior,
según el análisis de la asociación de consumidores, que pone de manifiesto que
durante este último año, el recibo medio se ha elevado a 75,59 euros mensuales
(impuestos indirectos incluidos), frente a los 68,20 euros de 2016 (7,39 euros
más). A nivel anual, el montante representa 907,08 euros, 88,63 euros por
encima de los 818,45 que pagó el mismo perfil de consumidor un año atrás.
Las
eléctricas han aplicado un brutal incremento en las
tarifas de la energía consumida, nada menos que del 16,0%. El precio
del kWH ha pasado de los 13,28 céntimos, que representó de media en 2016, a
15,41 céntimos en el último año.
Y estos
incrementos, frente al 0,25% de las pensiones o un salario mínimo de entre los
más bajos de Europa, imposibilita que muchos de nuestros compatriotas y sus
familias puedan hacer frente al recibo de luz y deban pasar frío por mandato
del Gobierno o no comer, lo que aún es peor. Y no es baladí la situación,
porque el frío mata.
Según la OMS,
entre el 30% y el 50% de las víctimas de cada invierno son causadas por las
insuficientes condiciones de climatización en las viviendas. Y la cifra es
escalofriante, unas 7.100 personas mueren todos
los años debido a la pobreza energética. Y esta cantidad supera ampliamente a
la de las muertes por accidente de tráfico que tanto se empeña el Gobierno por
combatir, proporcionándonos todos los lunes las estadísticas de defunciones del
fin de semana. Y no las supera por poco, sino por casi un 80%, ya que el pasado
año el número de muertes por accidentes de tráfico, según la DGT, ascendió a
4.082.
Y entonces a
que viene esta diferencia de trato en todos los sentidos. Porque mientras que
las muertes por accidente se pregonan, las debidas a la pobreza
energética se esconden. Desde que Rosa, la anciana de Reus a
la que con 81 años había cortado la luz Unión Fenosa y se alumbraba con velas,
murió en el incendio de su casa, parece que la situación ha cambiado, pero no a
mejor. Y es que el revuelo social que se produjo afectó
la imagen de las eléctricas y eso no puede ser. Siguen cortando la luz, pero
silencian los fallecimientos que su política empresarial asesina causa.
A pesar de de todo, aún se pueden encontrar en las páginas de algunos pequeños
periódicos, a los que no llegan las grandes campañas publicitarias de las
eléctricas, algunas noticias al respecto.
Como las dos personas, un hombre de 38
años y una mujer de 48, que fueron halladas muertas, en Benicarló
(Castellón). La mala emisión del humo procedente de una estufa de leña que
utilizaban para resguardarse del frío fue la causa de su muerte. O las dos
chicas de 21 y 22 años que murieron en Cortes de Arenosos, también por asfixia,
debido a las deficiencias de una caldera de gasóleo de la vivienda en la que se
encontraban. Y podríamos recorrer toda la geografía española recogiendo los
muertos que dejan atrás los beneficios de las eléctricas. Son los muertos que
son noticia, porque los que enferman y mueren a causa del frío son
prácticamente invisibles.
Por si la
actitud criminal de estas empresas no hubiera todavía quedado bien patente, a
finales de enero supimos que la UCO había encontrado pruebas en las oficinas de
Iberdrola que confirman que la eléctrica infló de
manera torticera el precio de la electricidad en el
invierno de 2013. Y las pruebas ayudarán a Anticorrupción, que decidió
denunciar a Iberdrola por la manipulación del mercado.Para conseguirlo, la
empresa que dirige Sánchez Galán, elaboró un plan que le permitió manipular el precio de la luz durante el invierno de 2013 –cuando
la calefacción es necesaria y muchas personas no pueden pagar sus facturas de
luz- mediante la disminución de su producción hidráulica con paradas
programadas en sus centrales, con lo que se tenían que utilizar en la
producción otras energías más caras.
La
manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
Si las maquinaciones de Iberdrola hubieran tenido éxito la luz hubiera subido un 11%.
La CNMC
impuso a Iberdrola una sanción de 25 millones de euros, al determinar que
la eléctrica había alterado fraudulentamente el
mercado a través de una disminución de la producción
hidráulica, lo que provocó un incremento en el precio de las ofertas de las
centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo. Como respuesta Iberdrola,
que se piensa estar por encima de toda legislación, interpuso recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional, contra la sanción de la CNMC, que todavía está pendiente
de ser resuelto.
El fiscal
Anticorrupción, Antonio Romeral, destaca en su
denuncia que Iberdrola, con la intención de lucrarse de forma ilícita, ideó y
puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que
vendía, con precios más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia
de la oferta y la demanda. La consecuencia de ésta maquinación urdida y llevada
a cabo por Iberdrola, fue la subida del precio de la energía
eléctrica en siete euros megawatio/hora, que aplicados a la
energía programada y vendida por Iberdrola en el periodo mencionado, le supuso
un beneficio superior a los 20 millones de euros.
Sin embargo, al
Gobierno no le importan las muertes ni las maquinaciones de Iberdrola y del
resto del gremio. Parece que su único objetivo es defender los beneficios de estas empresas y los
puestos de trabajo de todos los ex ministros, ex directores generales y ex presidentes
que se sientan en los Consejos de Administración de estos timadores expertos, dándoles “consejos” y
asesoramiento para timarnos mejor y cobrando por ello.
La
prohibición de las “puertas giratorias” hasta pasado un tiempo prudencial, que
no debiera ser menor de cinco años, se está haciendo esperar. Y mientras eso
sucede, los sueldos que perciben estos ex, salen de nuestros derechos
como consumidores, cuando no de estafas manifiestas como
la denunciada por Anticorrupción.
Y es que la
situación es grave, sobre todo en un momento de subidas generales de las
tarifas eléctricas y fuertes quejas ante los desmanes. El
absoluto descontrol, ¿interesado?, de las diferentes administraciones,
comenzando por la del Estado, son las únicas causantes de la prepotencia del
sector, de sus manejos y de unos beneficios desorbitados frente
a sus homólogos europeos. Para qué hablar de sus sueldos y “complementos” como
los más de 8 millones de euros anuales de
Sánchez Galán.
Y de este interés del Gobierno por sus
“amigo eléctricos”, es buena prueba el recurso que los chicos de Mariano Rajoy
han hecho al Constitucional de la Ley valenciana que intenta paliar y reducir
la pobreza energética. Para ello restringían a las empresas de suministro
el corte del servicio a los ciudadanos y les obligaban a remitir la situación a
los servicios sociales del ayuntamiento.
En España, la
electricidad y el gas natural son mucho más caros que
la media comunitaria. El precio del gas natural en 2016 fue un
123,07% más elevado que el promedio de la UE y el de la electricidad fue un
140,68% más caro, según datos de Eurostat. En línea con ésta situación y dados
nuestro fastuosos sueldos y pensiones, mientras que en 2016 la media en la UE
mostraba que el 8,7% de personas rozaban la línea de la pobreza
energética, en España esa cifra subió al 10,1%.
Y qué hace el
Gobierno de cara a la galería? Pues intenta vendernos su solución a todos
los males: un bono social que cada vez es más restrictivo y que ha empeorado en relación al anterior. Con
carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que
las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces
el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está
actualmente en 537,84 mensuales. Es decir, si en un hogar entran más de
807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una
pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años, por ejemplo.
Si en la unidad familiar hay un menor de
edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble
del Iprem, 1.076 euros mensuales. Si hay dos o más menores, el bono estárá
restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem, 1.345
euros.
Para
los pensionistas, la cosa está también dura: el bono sólo
podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la
cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.
Pero al igual
que sucedió con el anterior bono social, ni las grandes eléctricas, ni las
pequeñas, están dispuestas a que se cargue a su peculio este bono y ya están presentando los pertinentes recursos contra
el real decreto. Recursos que tienen desesperado al ministro Nadal -perdió
los anteriores- y que le han llevado a pedir en público a las eléctricas que dejen ya de recurrir todas las normativas que elabora el
Gobierno. Se entiende que tan solo las contrarias a sus intereses.
El expolio que para todos los españoles
supuso la privatización de Endesa por Aznar y su venta posterior, con el oscuro
y desastroso episodio de la creación de la figura del déficit de tarifa por
Rato, continúa como causa principal del disparatado mercado eléctrico
español. Empresas intocables que intervienen al estado y que fundamentan sus
beneficios en deudas increíbles, costes inasumibles y pobreza energética para
4,5 millones de españoles. Lo dicho, beneficios y sueldos manchados de muerte.
Eduardo Lizarraga
